Una menor de dos meses murió y otro de 4 meses se encuentra en grave riesgo en el Hospital San Jerónimo de Montería, esperando remisión de la EPS a una UCI pediátrica.
El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, les solicitó a las autoridades iniciar las investigaciones que permitan aclarar las circunstancias, y establecer las sanciones para quienes resulten responsables, por la muerte de la bebé que esperaba ser remitida a una Unidad de Cuidado Intensivo (UCI) Pediátrica, en el Hospital San Jerónimo de Montería.
En el caso de la niña de la comunidad indígena Emberá Katío, procedente del resguardo Koredó del municipio de Tierralta, hubo graves barreras de acceso que preocupan a la Defensoría del Pueblo, dado que la Nueva EPS no autorizó la remisión porque no contaba con afiliación. Aunque sus padres son usuarios de la EPS, la bebé no tenía Registro Civil de Nacimiento, documento que dolorosamente fue expedido una hora después del fallecimiento de la bebé embeberá.
“Resulta inconcebible que por obstáculos administrativas se pierda la vida de una bebé, que debió recibir atención sin importar si estaba o no afiliada oficialmente al sistema de salud y que, además, por pertenecer a un grupo étnico, debió ser tratada con protección reforzada. El dolor de su familia es también nuestro dolor y trasciende las dimensiones sociales. En un Estado Social de Derecho no puede permitirse que, por negligencia y trámites ordinarios, sigan poniéndose en riesgo la vida de los niños y niñas” dijo Carlos Camargo.
De otro lado, la Defensoría del Pueblo llama la atención de las autoridades públicas y responsables del Sistema de Salud, por el riesgo en el que se encuentra en el mismo hospital el niño Emberá Lian Erick Pernia, de cuatro meses de edad, que no ha sido afiliado a la EPS Cajacopi y requiere ser trasladado a un nivel de complejidad más alto para recibir tratamiento por una grave infección respiratoria que pone en riesgo su vida.
Los niños y niñas de las comunidades indígenas siguen siendo víctimas de la desnutrición infantil, situación que requiere de una intervención de urgencia y continua, por ser una de las mayores afectaciones en la primera infancia en Colombia.
De otro lado, Carlos Camargo manifestó que es inaceptable que un niño o niña muera por causas asociadas a la desnutrición, sin que el Estado le brinde la protección especial que merece y que más EPs no proporcionen los complementos nutricionales ordenados por la ley.