En medio de la difícil situación de imagen y desconfianza por la que pasa la Policía Nacional, el coronel (r) Luis Alfonso Novoa, nuevo director de DD.HH. de la Institución, plantea los cambios que se proponen desde el Gobierno Nacional para evitar la violación de los derechos ciudadanos.
Una difícil situación de imagen y desconfianza ante los ciudadanos enfrenta la Policía Nacional desde hace algunos años. No obstante, desde el 9 de septiembre del año pasado, cuando a manos agentes de esa Institución falleció el ciudadano Javier Ordóñez, se intensificó la problemática.
Este año, desde que se inició el paro nacional también se registraron eventos de brutalidad policial a lo largo del país, por lo que, incluso, la Cidh recomendó al Gobierno Nacional separar a la Policía del Ministerio de Defensa, tras evidenciar un posible enfoque militar en el manejo de derechos humanos.
La comisionada y presidente de ese organismo, Antonia Urrejola, aseguró que la respuesta del Estado a las protestas “se caracterizó por el uso excesivo de la fuerza”, e hizo un llamado para superar la polarización.
“Aun cuando los reportes oficiales indican que solo un 11% de los eventos de protesta se derivaron en disturbios, la comisión destaca que estos presentaron graves afectaciones a los derechos humanos, tanto de manifestantes como de personas ajenas a la protesta y servidores públicos”, dijo.
Un estudio del Observatorio de la Democracia, de la Facultad de Ciencia Política de la Universidad de Los Andes, encontró que solo en Bogotá la caída en la confianza en la Policía por parte de los ciudadanos pasó de 40,6% en 2010 a 24,6% en 2020. Mientras que la desconfianza en la Institución, en cambio, asciende en 2020 al 56,3%.
En ese marco, la Policía presentó esta semana al que será el nuevo director de Derechos Humanos de esa Institución, coronel (r) Luis Alfonso Novoa, quien ocupará un nuevo cargo como respuesta a la ciudadanía a la violación de derechos a los ciudadanos.
En conversación con Colprensa aseguró que la creación de este cargo es fundamental para el país, pues eleva de categoría una oficina que figuraba en la inspección general y que ahora tiene el nivel de dirección.
PREGUNTAS Y RESPUESTAS
¿Cuál es la importancia de este nuevo cargo para la Institución?
La importancia del cargo es el nivel que le está dando el Gobierno y la Policía Nacional a los derechos humanos, porque derechos humanos era una dependencia de la inspección general y ahora es una oficina asesora con carácter de dirección, que depende del despacho del director general de la Policía Nacional y que facilita muchos procesos de orden político interno, pero también de recursos para poder hacer promoción y defensa de los derechos humanos, al interior de la Policía Nacional, como parte del servicio que le brinda a los colombianos.
Con esta dirección, cambian muchas cosas en la Institución, porque hay unos nuevos lineamientos que permiten fortalecer el trabajo en derechos humanos que se realiza aquí a nivel central, pero también en comandos de Policía metropolitanos y los departamentos nacionales.
Va a haber un desarrollo más amplio y un respaldo mucho más fuerte, porque hay más recursos y es una decisión interna, que sí o sí, nos fortalece para brindar a las poblaciones vulnerables un mejor servicio que garantice los derechos de los ciudadanos.
La creación del cargo responde a todo el inconformismo ciudadano, para nadie ha sido un secreto que desde hace muchos años la imagen de la Policía va de picada, hay unos retos muy grandes.
¿Cómo va a enfrentar esos retos?
Sí, la Policía ha venido trabajando el tema de derechos humanos, pero creo que el proceso de transformación también incide en esto.
El proceso de transformación que se inició el año pasado, por parte del director general, tenía como eje el tema de derechos humanos. Pero, los últimos hechos y particularmente el 9 y 10 de septiembre del 2020 y lo que ha ocurrido en el presente año durante la jornada de protesta, creo que generaron la determinación de fortalecer, desde el punto de vista organizativo, el tema de derechos humanos en la Policía Nacional, creando esta dirección.
¿En qué se va a basar ese fortalecimiento, qué va a cambiar, qué había mal y qué aspectos tiene que mejorar la Policía?
Hay dos líneas estratégicas para fortalecer el trabajo en derechos humanos, la primera es el acercamiento con las comunidades, creemos que hay un alejamiento, en algunos casos ruptura y queremos tener una muy buena relación y un diálogo permanente con los defensores de derechos humanos, los líderes sociales, con la población Lgbti, con los gremios y con la prensa. También queremos hablar con los jóvenes y la población universitaria.
Queremos recuperar ese diálogo, de tal manera que podamos resolver los problemas de una manera muy civilizada, escuchándonos y que también nos escuchen, pero planteando soluciones que permitan una convivencia en medio de la exigibilidad de derechos, que normalmente la gente realiza. Creemos que hay escenarios que facilitan ese diálogo y no necesariamente son los escenarios donde haya una confrontación y un empleo de fuerza.
¿Ese diálogo ayudaría a recuperar la confianza de los ciudadanos en la Institución?
Sí, yo creo que el diálogo facilita muchas cosas. Escuchar al otro permite conocer lo que están pidiendo, pero también conocer los problemas que en territorio se presentan, a veces hay cosas que en el nivel central se desconocen, pero cuando uno acude a escuchar a las comunidades ya palpa la realidad y tener esa realidad tan tangible, permite hacer soluciones concertadas y obviamente con las comunidades.
Yo vengo de Naciones Unidas, duré 10 años en esa oficina y obviamente nuestra tarea era esa, facilitar en ocasiones el diálogo entre el Gobierno y las autoridades, eso da resultado.
Entonces, ese es uno de mis propósitos, esa una primera línea de trabajo y aquí va a resultar supremamente importante el proceso y la mesa nacional de garantías, que es una mesa tripartita, de Gobierno, organizaciones de derechos humanos y comunidad internacional.
Esta mesa surge en el año 2009, precisamente a raíz de agresiones y asesinatos en contra de defensores de derechos humanos y tiene la gran particularidad de que de alguna manera recoge todas las organizaciones que hay en el país.
Ya hay capítulos a nivel regional, hay mesas regionales de garantías y queremos que en ese escenario podamos tener una intervención y participación que nos facilite tener el pulso de lo que ocurre realmente en las regiones y qué es lo que se necesita fortalecer.