La Procuraduría General de la Nación informó que desde el 15 de enero hasta el 10 de marzo de este año ha recibido 51 quejas, por presuntas irregularidades relacionadas con el proceso electoral.
Las denuncias van centradas en la presunta participación de algunos alcaldes municipales y gobernadores, invitando a votar por un candidato en específico. Todos los hechos están cursando un proceso de investigación.
Como es el caso de la Gobernación de Boyacá. Aunque el informe no específica quién cometió la falta, menciona que hay una presunta participación e intervención política “realizando actos de presión en contra de funcionarios y contratistas, con el fin de que se ejerza su apoyo electoral y financiero a favor de Wilmer Castellanos (candidato al Senado), Carolina Espítia (candidata al la Cámara de Representantes), y Carlos Amaya (candidato a la Presidencia de la República)”.
En otra denuncia relacionan al alcalde de Miraflores (Guaviare), quien al parecer obliga a sus contratistas a votar por un candidato del partido Liberal y “como contraprestación se les celebra el contrato de prestación de servicios”, indica el informe del Ministerio Público.
Por otro lado, el director del hospital departamental Felipe Suárez E.S.E., del municipio de Salamina, Caldas, fue relacionado en este informe. Al parecer, presiona a sus trabajadores para que voten por Guido Echeverry (candidato al Senado) y por Wilder Escobar (candidato a la Cámara de Representantes por Caldas).
Según la denuncia, se les exigió conseguir 30 firmas por Escobar. Además, se les obliga utilizar su día libre para “acciones proselitistas a favor de los dos candidatos, a nivel urbano como rural. Se ha llegado al extremo de amenazarlos con problemas en los aumentos en sus salarios o quedarse sin trabajo si alguno de los candidatos no consiguen su curul”.
Aparte, se menciona a César Valencia, director de Coljuegos. Dice la denuncia radicada en el Ministerio Público, que presuntamente “está chantajeando a sus funcionarios con perder sus empleos para que aporten votos para la campaña al senado de Efraín Cepeda, cabeza de la lista del partido Conservador”. La denuncia indica que se han despedido a funcionarios de planta para contratar a personas que les aporten votos para esa campaña.
En el municipio de Uribia, en La Guarira, se abrió investigación para determinar si están pidiendo votos a favor del candidato a la Cámara Juan Loreto Gómez. Según la denuncia, los votos son a cambio de otorgar escrituras de unos terrenos.
Llegó también otra denuncia desde Madrid, Cundinamarca, donde al parecer desde la Alcadía se les exigió a los contratistas llenar una lista con nombres y cédulas de las personas que deban garantizar el voto por un candidato del Centro Democrático.
Las personas de la lista, según la denuncia, debían participar en una reunión con el político, pero a los contratistas que mostraron rechazo o no participaron en dicha reunión, se les insinuaron que de eso dependía su próxima contratación.
En total son 51 quejas radicadas en el Ministerio Público, en las que mencionan además a concejales, grupos indígenas y funcionarios de otras entidades como la Unidad de Tierra en Antioquia, por fraude electoral y favorecimientos a candidatos de varios partidos políticos.