El recurso fue interpuesto ante la Procuraduría. Lo paradójico es que el mandatario suspendido ha expresado que no “vive de la política”.

La Vaki que crearon los Independientes y que en las últimas 24 horas ha promovido el alcalde suspendido Daniel Quintero, ya ha acumulado cerca de $116 millones. La plata, según voceros de ese movimiento, es para respaldar la defensa del mandatario suspendido. La movida, sin embargo, ya levantó polvareda: hay una queja ante Procuraduría.

La queja la firman los ciudadanos Daniel Esteban Salazar Hernández y David Toledo Ospina. Alegan que la recolecta de dinero violaría la Ley 1952 de 2019, la cual reza en el artículo 39 que, entre las funciones prohibidas a los servidores públicos, se cuentan “solicitar directa o indirectamente, dádivas, agasajos, regalos, favores o cualquier otra clase de beneficios”.

Para los quejosos, Quintero ha solicitado “dádivas”, a través de sus salidas en redes sociales. Ha indicado: “Ayúdanos desde 3.000 pesos en lo gastos para reconquistar la Alcaldía de Medellín arrebatada por el Gobierno Duque para favorecer a su candidato y nombrar un Alcalde de los grupos económicos que acabaron con Hidroituango. Todo aporte cuenta”.

El argumento formulado ante la Procuraduría tiene que ver con la calidad de servidor público de Quintero. Esgrimen Salazar y Toledo que, pese a estar apartado del cargo, el mandatario no pierde ese estatus, lo que representaría un incumplimiento de la norma. Piden, entonces, que el órgano investigue la situación e “imponga las sanciones que considere pertinentes”.

Cuando presentaron la queja, la Vaki superaba un total de aportes de $52 millones, aportados a título de donación por más de 439 personas. Eso, según los denunciantes, se constituiría en material probatorio suficiente de su querella.

Figuras como Juan Pablo Ramírez, integrante de la dirección de Independientes y exsecretario que dejó su cargo para hacer campaña por Gustavo Petro, han asumido de frente la promoción del mecanismo: “La democracia está en riesgo y es nuestro deber protegerla (…). Con esta vaki ayudaremos al alcalde Daniel Quintero en esta causa”, ha sostenido.

La ambición con la campaña es juntar $200 millones para la defensa de Quintero, quien viajará a Washington el próximo lunes para entrevistarse con la CIDH. Lo paradójico es que él mandatario suspendido había expresado hace unos días que no vivía de la política. “No la mayoría lo puede decir, pero respeto a quienes no tienen la capacidad empresarial de visionar un problema, entenderlo y resolverlo”.

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