La Red de Derechos Humanos del Sur de Córdoba, instaló un campamento humanitario en la vereda Mina del Alacrán, zona rural del municipio de Puerto Libertador, desde donde una acción del estado provocó el desplazamiento de familias que dependen de la minería artesanal, conocida por el Gobierno desde hace más de 40 años y que le han negado su formalización.
Los voceros de la Red de Derechos Humanos del sur de Córdoba hicieron presencia en el lugar y dijeron que el campamento humanitario pretende visibilizar el problema social de la comunidad, el atropello del Estado, la imposición de la empresa extranjera por encima de los eternos pobladores de la región, y que se hagan respetar sus derechos.
Mientras el Gobierno de Córdoba, el Gobierno Nacional, la Defensorìa Nacional del Pueblo, se mantienen en silencio, como forma de avalar lo ocurrido, es al municipio de Puerto Libertador, un municipio PDET, priorizado por el Estado para asuntos de inversión en áreas de conflicto armado, al que le toca enfrentar la crisis social y económica de sus comunidades.
Juan David Fernández, coordinador de la red de derechos humanos de Puerto Libertador, dijo que el irrespeto a los derechos de los mineros artesanales se agravó con la etiqueta de las autoridades en señalarlos como brazo financiero al servicio del ‘clán del golfo’.
El campamento humanitario se convierte en el punto de encuentro de la comunidad de la vereda El Alacrán que lucha desde hace varios años con la operación de la empresa canadiense Minerals – Córdoba, autorizada por el Gobierno para la extracción de cobre y otros recursos en la zona y que a pesar de acuerdos en mesas de trabajo no cumple lo pactado.