El Gobierno Nacional extendió por un año más, la intervención forzosa para administrar que viene ejecutando la Superintendencia Nacional de Salud en el hospital San Jerónimo de Montería, Córdoba.
Con la decisión se busca dar continuidad a la gestión desarrollada para la recuperación y estabilización del centro asistencial, que brinda atención de mediana y alta complejidad para los usuarios del departamento y su área de influencia.
La continuidad del proceso permitirá además seguir garantizando la oportuna atención en el marco de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, donde el centro asistencial es protagonista regional para la prestación de los servicios de salud.
Durante el seguimiento a la intervención, la Supersalud ha evidenciado avances significativos en los indicadores asistenciales, administrativos, financieros y jurídicos, de la institución que atiende en promedio a 11 mil usuarios.
“El hospital San Jerónimo cuenta hoy con nuevos servicios, la remodelación de su infraestructura, mejores condiciones laborales, y avanza en el desarrollo de los planes que permitirán su recuperación total, gracias al compromiso de sus trabajadores, la administración departamental y el Gobierno Nacional”, señaló el Superintendente Fabio Aristizábal Ángel.
La medida adoptada mediante la resolución ejecutiva No. 024 del 02 de febrero de 2021, resalta que el hospital debe continuar con la organización de las cuentas por pagar con los recursos asignados por Fonsaet, que suman $12.517 millones.
Igualmente, se hace necesaria la reconversión tecnológica de equipamiento biomédico y la implementación de programas de alto nivel: Cardiovascular (hemodinámica y trasplante cardiaco), renal (diagnóstico, diálisis y trasplante renal) y unidad de trauma.
También se requiere continuar con el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos biomédicos; en infraestructura, realizar las obras de mejoramiento en las áreas de archivo central, urgencias pediátricas, cardiología, morgue y laboratorio clínico. Por último, el acto administrativo indica que existen 35 procesos ejecutivos, que tienen pretensiones por $14.807 millones, más $1.200 millones que han sido recaudados por títulos judiciales, los cuales se activarían con el levantamiento de la medida.