La Agencia Nacional de Minería (ANM), la Sociedad de Activos especiales (SAE) y el Ministerio de Minas y Energía firmaron un memorando de entendimiento interadministrativo para conformar una empresa minera con sociedades que actualmente son administradas por la SAE.
«El objetivo de esta sociedad será democratizar el sector minero y garantizar unos primeros pasos para la minería desde la economía popular”, aseguró la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez.
El primer filtro es el Plan Nacional de Desarrollo (PND) que actualmente está elaborando el Departamento Nacional de Planeación. Esto creará el marco legislativo en el cual se cobijará.
“Seguimos cumpliendo el mandato popular y la instrucción del presidente de poner los activos que una vez pertenecieron a las economías ilegales al servicio de un nuevo modelo productivo”, afirmó Daniel Rojas, presidente de la SAE, en rueda de prensa.
Añadió, que serán 11 las empresas que están administradas por la Sociedad que conformarán este nuevo activo de carácter público. Su patrimonio, en conjunto, suma cerca de $47.000 millones, según explicó el presidente de la SAE.
El papel de la ANM será, entre otras, el de nombrar en las juntas directivas “personas idóneas” de esas compañías existentes para “que podamos entregarle al país una empresa robustecida”, apuntó Rojas.
Como dentro de las 11 empresas que hacen parte de este memorando hay dos comercializadoras internacionales, con esta se compraría oro directamente a los productores, según explicó Álvaro Pardo, presidente de la Agencia.
Para esto, las comercializadoras comprarán el oro en las zonas donde se produce, en caso de que no se use mercurio ni cianuro en su proceso. Así mismo, los mineros deben demostrar la procedencia de su producto con el fin de formalizar el sector.
Para constituir esta compañía, las entidades ya iniciaron el proceso con el establecimiento de una serie de mesas técnicas, que permitirán tener una base consolidada cuando se pruebe el Plan Nacional de Desarrollo que genere el marco normativo que cobijara a la empresa.
Adicionalmente, Rojas aclaró que las compañías tienen un flujo de caja existente que permitirá que se haga este proceso con recursos propios y no requiera una inyección adicional por parte del Estado.