En Mallama, Nariño, fue asesinado este sábado el representante Legal del Movimiento de Autoridad Indígenas de Colombia, AICO, Marcos López.

Las primeras versiones señalan que el líder comunal, fue obligado a abordar un vehículo en Mallama, en el que fue trasladado por la vía principal que lleva a esta localidad. Luego, en un sitio conocido como La Verbena, a 30 minutos del casco urbano de Túquerres, lo hicieron descender, para luego dispararle.

Algunas personas que se percataron del hecho llevaron al líder indígena hasta el hospital San José en Túquerres, donde perdió la vida.

Se estableció que Marcos López iba a asistir a una reunión con representantes del Gobierno Nacional en la Casa Mayor del Cabildo de Ipiales, donde varios Gobernadores y líderes indígenas, mostrarían su respaldo a las políticas del presidente Gustavo Petro y la coordinación de una próxima Gran Mingan, una movilización de apoyo y reconocimiento al actual mandatario. También se daría a conocer algunas propuestas para el desarrollo de la región.

Marcos López, quien pertenecía al pueblo de los Pasto de sur de Colombia, fue Gobernador del Resguardo Indígena del Gran Mallama por dos periodos consecutivos. A mediados de diciembre de 2022 fue elegido por un periodo de dos años como Representante Legal de AICO en Nariño.

Para el mediodía del sábado se programó de manera urgente una marcha por las principales calles de Ipiales, por parte de líderes de los Resguardos Pasto y Quillasingas, rechazando este hecho de violencia y pidiendo al Gobierno se investigue a fondo.

La vicepresidenta de la República, Francia Márquez, rechazó el asesinato y pidió a la Fiscalía investigar con celeridad. “No permitiremos que nos sigan arrebatando a quienes suman a la paz”, dijo.

De igual manera, el Gobernador de Nariño, John Rojas, escribió en su cuenta de Twitter, “Reiteramos al Gobierno Nacional anterior y al presente, que es urgente la instalación de la Mesa Territorial de Garantías a líderes y lideresas defensores de los Derechos Humanos en Nariño, el viceministro del Interior Gustavo Realpe se comprometió a adelantarla, pedimos al ministerio del Interior al Alfonso Prada priorizar esta medida.

Ofrecen recompensa

Las autoridades anunciaron una recompensa de hasta $50 millones por información que contribuya a la captura de los autores del asesinato del Taita, Marcos López, Representante legal del Partido AICO.

La Policía Nacional, la Fiscalía y Ejercito Nacional permanecen en la zona donde desplegaron operativos para esclarecer este lamentable hecho.

Se incrementó la violencia en Nariño

Desde hace 15 días se incrementó la violencia en Nariño en especial en la costa pacífica. En este sentido, se confirmó por parte del gobierno regional, la muerte en combate de cinco integrantes de los Grupos Armados Organizados Residuales, pertenecientes al Bloque Occidental Alfonso Cano y el Frente 30, en zona rural del municipio de Olaya Herrera, quienes se disputan el territorio donde existen grandes cultivos de coca.

“No hay heridos entre la población civil, estamos verificando la situación, el Ejército hace presencia en la región y proteger a los moradores”, dijo el secretario de Gobierno, Andrés Zúñiga.

La semana pasada, en el Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera, a dos horas del casco urbano de Tumaco, en límites con Ecuador, se denunció que unas 6 mil personas permanecen confinadas debido al temor por minas antipersona, instaladas por grupos al margen de la ley que se disputan el territorio.

Benigno Estupiñán, asesor de Paz, señaló que la comunidad no quiere retornar a sus fincas debido al conflicto que sostiene Grupos Armados Organizado Residuales, GAOr, como Oliver Sinisterra, Nueva Marquetalia, Iván Ríos, Alfonso Cano, Los Contadores entre otros, quienes luchan por el control de los cultivos de coca y la ruta del narcotráfico.

Inclusive les prohibieron el tránsito por el territorio, debido el riesgo que existe de quedar atrapados en medio del fuego cruzado o sean blanco de los disparos debido a una confusión.

El asesor de Paz señaló que en lo corrido del año 3 personas que han perdido la vida luego de pisar estos artefactos explosivos, de igual forma, 26 han resultado heridos, muchos de ellos menores de edad.

Martin Cabezas, presidente del Concejo Comunitario Alto Mira y Frontera, señaló que son unas 40 veredas afectadas, además, un aproximado de 6 mil personas no pueden salir del territorio debido al temor y las amenazas continuas, “hay muchos niños, adultos que sufren esta situación, tampoco pueden retornar a clases puesto que no llegan los docentes por miedo”, dijo el líder, quien señaló que la comunidad desea sustituir los cultivos de coca, sin embargo, no encuentran el apoyo necesario de parte del Gobierno Central.

Entre tanto, el pasado lunes 7 de febrero, en la vereda Fátima Carmen, a una hora del casco urbano de Roberto Payán, y según denuncia de sus moradores, varios artefactos explosivos fueron instalados en un camino que lleva a la escuela de la localidad.

Este hecho fue confirmado por técnicos anti explosivos de la Fuerza de Tarea Conjunta de Estabilización y Consolidación Hércules, quienes luego de asegurar la zona y retirar a la población civil procedieron a detonar de forma controlada las cargas explosivas.

“Los técnicos anti explosivos y las diferentes autoridades civiles, lograron evacuar a los habitantes del sector para proceder con la destrucción controlada de los artefactos explosivos, y así salvaguardar la integridad de la población civil que podría verse afectada por la onda explosiva”, dijeron las autoridades.

Según los uniformados, integrantes del Grupo Armado Organizado Residual, GAOr, Bloque Occidental Alfonso Cano, ubicaron estos elementos muy cerca al lugar donde varios niños y niñas reciben clases, son aproximadamente 50 menores los que llegan a sitio, en la costa pacífica nariñense. Es de señalar que este lugar es el único adecuado para recibir clases.

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