Las plataformas digitales de economía colaborativa hoy ocupan el 0,7 % de la población económicamente activa y generan el 0,23 % del PIB.
En medio de la polémica por la posible prohibición de plataformas como Uber y Cabify en Colombia, se conoció que el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte alistan mesas de diálogo con los conductores que trabajan en esas aplicaciones.
El formato de esas instancias será similar al que se tiene con los taxistas, quienes también prestan un servicio de transporte individual y vienen reclamando que se prohíban esas empresas digitales para el servicio de transporte.
La determinación se da tras el anuncio del gobierno de Gustavo Petro de que se alista un proyecto de ley, que fue construido de la mano de esa Superintendencia, que plantearía multas a los usuarios y conductores de las plataformas que prestan servicios de transporte a través de aplicaciones móviles.
La determinación de la Casa de Nariño se da en medio de una puja entre quienes trabajan gracias a esos aplicativos y el gremio de los taxistas que lleva años reclamando que se dé una prohibición y que, además, ya se ha reunido con la cartera de Transporte.
8 millones de usuarios desatendidos
La Superintendencia de Transporte, en cabeza de Ayda Lucy Ospina, busca ponerles ‘tatequieto’ a las apps de movilidad. Se trata de un proyecto de ley que no dejaría operar a ninguna aplicación de transporte en el país si es aprobado en el Congreso de la República. En consecuencia, más de 100.000 conductores quedarían sin empleo, mientras que más de ocho millones de usuarios quedarían desatendidos.
Según Alianza In, gremio de aplicaciones e innovación, las plataformas serían bloqueadas en la web mediante procedimientos administrativos y podrían presentarse inmovilizaciones prolongadas a los vehículos de conductores que utilicen la plataforma. Estas inmovilizaciones serían por un periodo de uno a tres meses y, además, se establecerían multas de hasta $10 millones para todos aquellos usuarios que intenten hacer uso de las mismas.
“Este borrador de proyecto de ley del régimen sancionatorio de los Superintendencia de Transporte es una bomba atómica para las aplicaciones de movilidad. Otra consecuencia es que se desencadenaría una pérdida de trabajo muy importante que genera ingresos a través de plataformas. Esto también sería un impacto muy fuerte en los usuarios. Estamos delante de una prohibición absoluta de las plataformas digitales”, explica José Daniel López, presidente de Alianza In.
Desde este gremio aseguraron que esto es “algo inédito” que no ha ocurrido en otros países. Ante la falta de reglamentación también ha asegurado que han tratado de establecer acuerdos con el Gobierno. En la actualidad pagan 3% de sus ingresos brutos.