Se han adelantado tres reuniones en esa cárcel para definir si deciden acogerse a la justicia ordinaria o si prefieren someterse a la del país norteamericano, pues aseguraron que el presidente Gustavo Petro les incumplió lo prometido en campaña.
Desde que el Gobierno nacional anunció la puesta en marcha de los mecanismos para dar cumplimiento a la propuesta de ‘paz total’, tanto al despacho del presidente Gustavo Petro como del alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, llegaron decenas de misivas redactadas por extraditables condenados por paramilitarismo en cárceles como La Picota, en Bogotá, pidiendo ser acogidos por la actual política de Estado.
En sus misivas, muchos de ellos sugirieron ser facilitadores y gestores de paz para ayudar a pacificar las regiones en las cuales estuvieron presentes mientras pertenecieron a grupos armados ilegales y paraestatales a cambio de no ser extraditados a Estados Unidos. Sin embargo, esos mismos condenados afirmaron que la actual administración les incumplió y, por lo tanto, ya no quieren someterse a la justicia colombiana.
En diálogo con Noticias Caracol, abogados de algunos ‘exparas’ manifestaron que sus defendidos se sienten traicionados, pues según ellos, Petro prometió durante su campaña presidencial que aquellos procesados por narcotráfico y delitos similares, pero se sometan a las leyes colombianas, podrían tener beneficios.
Al respecto, Angélica Martínez Cuéllar, abogada de varios extraditables y asesora jurídica en mesas de paz, aseguró que ese tema quedó “en blanco” en el borrador del proyecto de ley de sometimiento presentado por el ministro de Justicia, Néstor Osuna, el miércoles 15 de febrero.
Incluso, apoderados de los condenados afirmaron al medio citado que esa iniciativa no es más que una copia de la ley de Justicia y Paz, sancionada en 2005 durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y que desmovilizó a grupos como las Autodefensas Unidas de Colombia, aunque con menos garantías para los sometidos.
Juan Andrés Arias, presidente de la Corporación Nacional de Excombatientes y también defensor de paramilitares en proceso de extradición, mencionó como ejemplo ante ese noticiero el caso de Nini Johana Úsuga David, hermana de Dairo Antonio, alias Otoniel.
“Duró cuántos años privada de la libertad acá —en Colombia—, la extraditaron este año y ya en Estados Unidos recobró su libertad y está en libertad a prueba” y concluyó que hay mayores garantías en el país norteamericano que con el sometimiento a la justicia colombiana.
Al respecto, el proyecto de ley de “desmantelamiento de desmantelamiento a las estructuras criminales” ha mencionado que, aquellos integrantes de grupos delincuenciales de alto impacto como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Los Pachenca, pueden tener beneficios relacionados al cumplimiento de penas siempre y cuando cumplan con determinadas condiciones. Sin embargo, el articulado no hace énfasis en aquellos que ya están condenados y mucho menos en los denominados extraditables.
Bajo ese panorama, se han realizado tres reuniones en el pabellón de extraditables de La Picota para definir qué pasará con el sometimiento de ellos a la justicia nacional o si se inclinarán por la extradición.
“¿A qué estamos jugando como gobierno? ¿Vamos a repetir lo que antes criticábamos tanto, a lo que le hacíamos oposición?”, cuestionó la abogada Angélica Martínez en diálogo también con Noticias Caracol.
Pese a que el ministro de Justicia —y el mismo articulado— son claros al afirmar que los procesos de los sometidos seguirán en la justicia ordinaria y que estas personas deben entregar información precisa que permita el desmantelamiento de esas estructuras de alto impacto, la Unión Europea y Estados Unidos le recomendaron al Gobierno nacional cinco puntos clave para ese proyecto de ley.
Dos de ellos están centrados, precisamente, en el juzgamiento de los actores criminales y la entrega de rutas del narcotráfico para acceder a los estímulos planteados en el proyecto. Otro punto que preocupa es la extradición y, sobre esto, el senador Ariel Ávila indicó el miércoles 22 de febrero en Twitter que la normatividad vigente sobre este tema no se tocará.