La condena de la expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez tiene divido al país entre los que ven esta situación como una persecución política y los oficialistas y las víctimas de la crisis de 2019 que consideran que se está haciendo justicia.
La expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez fue trasladada ayer a una cárcel en La Paz, en la que se le habilitó un espacio de aislamiento por protocolos de la COVID-19 por 15 días, para que luego ocupe un dormitorio común “sin privilegios” junto a las demás internas.
La Policía comandó un operativo para trasladar a la exjefa de Estado desde las celdas del Fuerza Espacial de Lucha Contra el Crimen hasta el Centro de Orientación Femenina de Obrajes, en el sur de la ciudad, en el que guardará reclusión cuatro meses como definió una juez en la víspera.
Un pequeño grupo de personas esperó a Áñez en las puertas del centro penitenciario para demostrarle su apoyo gritando “nadie se cansa, nadie se rinde”, un estribillo característico de las movilizaciones ciudadanas en 2019 que denunciaban irregularidades en los comicios generales de ese año.
El director general de Régimen Penitenciario en Bolivia, Juan Carlos Limpias, manifestó a los medios que la exmandataria transitoria estará “bajo una constante inspección del personal de salud” por 15 días como estipula el protocolo de las cárceles del país ante la emergencia del coronavirus.
Junto a Áñez, los exministros interinos de Justicia Álvaro Coímbra y de Energía Rodrigo Guzmán fueron enviados por cuatro meses al penal de San Pedro en La Paz y también estarán aislados por 15 días en cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
La Organización de Estados Americanos (OEA) pidió ayer la liberación de todos los detenidos en Bolivia “hasta contar con procesos y mecanismos imparciales para determinar responsabilidades”.
El encarcelamiento preventivo de Áñez ha vuelto a generar tensión en el país suramericano, donde ayer se registraron manifestaciones y pronunciamientos a favor y en contra de esa decisión judicial.
En las redes sociales, dos consignas marcan a unos y otros, quienes claman que lo ocurrido con Áñez “es justicia, no es venganza” y quienes aseguran que lo ocurrido en 2019 “no fue golpe, fue fraude”, en alusión a las versiones del oficialismo y la oposición sobre la crisis social y política que derivó en la salida de Evo Morales del poder.
Uno de los lugares donde hubo más movimiento fue la ciudad oriental de Santa Cruz, la mayor del país, con vigilias ciudadanas en distintos puntos, incluidos el edificio de la Fiscalía Departamental cruceña y la vivienda del exlíder cívico y gobernador electo Luis Fernando Camacho.
Hasta el Ministerio Público llegaron algunas personas con pancartas que tildaban de “servil” a la Justicia boliviana y clamaban que “en dictadura la rebelión es un derecho”.
En las puertas de la casa de Camacho hay vigilias desde el fin de semana ante la eventualidad de que lo detengan por ser el principal acusado en la investigación judicial iniciada a instancias de una denuncia de la exdiputada oficialista Lidia Patty por la crisis de 2019, que el partido gubernamental asegura que fue un “golpe de Estado” contra Evo Morales.