La concejala de Montería, María Angélica Correa, pidió mediante derecho de petición a la Superintendencia de Servicios Públicos, que revise e informe la tarifa que cobra la empresa Urbaser por cada tonelada de basura recibida en el relleno sanitario de la ciudad y comprobar si está cobrando por el tratamiento de lixiviados.
El pronunciamiento de la dirigente política surge luego que la concesión revelara que siete años después del licenciamiento, puso en funcionamiento la planta de tratamiento de lixiviados.
La inquietud de la concejala fue respaldada por el gobernador indígena del Cabildo Jaraguay, asentado en la zona del relleno, Rafael Gómez, al pedir explicaciones de esa situación, porque de haber cobrado por un servicio no prestado se habría cometido una seria falta que debe ser castigada y los dineros devueltos.
La empresa Urbaser solo explicó en el debate que la planta inició operación hace 18 días.
El pasado 31 de marzo, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios identificó cobros no autorizados en las tarifas aplicadas por la Empresa del Servicio de Aseo de Montería, Urbaser, entre julio de 2017 y abril de 2021, que deberán ser devueltos a los suscriptores.
En ese período la empresa incluyó cobros no autorizados en el Incentivo a la Regionalización, que impacta el costo de disposición final de los prestadores que atienden los municipios de Ayapel, Buenavista, Lorica, Montelíbano, Moñitos, Planeta Rica, Canalete, Cotorra, Los Córdobas, Pueblo Nuevo, Puerto Escondido, Tierralta, Valencia, San Antero, Puerto Libertador, Momil, San Andrés de Sotavento y La Apartada del departamento de Córdoba, y el municipio de Caimito en Sucre, que disponen en el relleno sanitario Loma Grande.