Con el cambio de competencias en el caso del relleno sanitario de Loma Grande, el cual fue ordenado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge, CVS, quedó apartada de los procesos a los que le venía haciendo seguimiento.
De acuerdo con el director de la corporación, Orlando Medina, a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, le será remitido un expediente que consta de 25 informes y 4 procesos sancionatorios en curso que, según él, se trata de un documento que se robusteció en el último año por cuenta de las labores adelantadas por la CAR.
Según explicó Medina, desde el 2015 hasta octubre de 2021 el control de la licencia estuvo en manos de la ANLA, cuando la competencia retorna a la CAR, el expediente que se recibió por parte de la entidad del orden nacional carecía de acciones de seguimiento concretas.
“Dentro del respeto institucional, porque comprendo que la ANLA del año 2015 es diferente a la de hoy, por eso mis respetos de antemano, pero nosotros pudimos evidenciar dentro del expediente que, durante siete años, muy a pesar de que en el año 2015, cuando la ANLA se lleva la competencia, la CVS hizo entrega de dos procesos sancionatorios precisamente por algunas temáticas que hoy aquejan a la comunidad, como la presunta existencia de lixiviados por fuera del polígono”, dijo.
“Dicho procesos sancionatorios no se adelantaron en esos siete años, eso deja un sinsabor grande, sin embargo, hay un nuevo director, nuevos funcionarios, un nuevo ministerio y un nuevo gobierno. Nosotros tenemos la esperanza de que se haga seguimiento”, agregó.
En este sentido, Medina precisó que la autoridad ambiental del departamento de Córdoba apertura distintos procesos, cuya continuidad, ahora dependerán de la ANLA.
“Son de diferente índole. Hay proceso sancionatorio por vertimiento de presuntos lixiviados, por el mal manejo interno de lixiviados presuntamente, por la presunta utilización de más hectáreas de las licenciadas. Hay una serie de requisitos y requerimientos que tiene la licencia y que, a juicio de la corporación ambiental, no se estaban cumpliendo”, señaló.
El funcionario hizo mención particular de una de las razones por las que los habitantes de esta vereda de Montería continúan reclamando, y es el funcionamiento de la planta de ósmosis inversa, pues según la licencia, esta se constituye como una de las condiciones para la operación del relleno sanitario.
“Un tema fundamental era la planta de tratamiento de ósmosis inversa o una planta de tratamiento para lixiviados de la tecnología que fuese diseñada y aceptada por la corporación, dicha planta no existía, solo hasta marzo del año 2022 tuvimos la entrega de esa planta”, puntualizó.
“En el mes de marzo de este año, en un debate de control político en el Consejo Municipal de Montería, el gerente nos informa públicamente de la llegada de la planta de tratamiento. Lastimosamente dicha planta no fue entregada formalmente dentro del licenciamiento y el seguimiento a la licencia, por este motivo, en el ejercicio del seguimiento fue que pudimos ir conociendo paulatinamente las características de la planta”, añadió.
En lo que respecta al proceso que seguía la corporación por el presunto vertimiento de lixiviados, el director precisó que desde el área jurídica de la entidad se consideraba que debía “surtir a finales del mes de diciembre y muy posiblemente con una sanción bastante importante”.
Por esta razón, desde la CVS insisten a la ANLA que en esta oportunidad se haga un seguimiento a los procesos que ya se encuentran abiertos.
Como se recordará, hace varios días la jefa del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, indicó que en atención a las constantes quejas de la comunidad de Loma Grande, se optó por manejar el caso desde el orden central, razón por la cual la competencia ahora recae sobre la ANLA.