La participación de Córdoba en las elecciones regionales programadas para el 29 de octubre no pasa desapercibida, pues más de 650 candidatos se encuentran en el escrutinio de la Procuraduría General de la Nación. Según los registros del órgano de control, estos candidatos presentan anotaciones en el Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad (Siri), lo que sugiere posibles incompatibilidades para los cargos a los que se han postulado.

El Ministerio Público ha confirmado que la lista de aspirantes a cargos de elección popular con anotaciones de inhabilidades, identificadas en el mencionado registro, será enviada al Consejo Nacional Electoral (CNE). Este paso se da con el objetivo de investigar y evaluar si procede la revocación de los actos de inscripción de dichos candidatos.

Dentro de este panorama, Córdoba alberga a 18 aspirantes que aparecen en el registro de inhabilidades, de los cuales 15 buscan escaños en concejos municipales y tres aspiran a espacios en las Juntas Administradoras Locales (JAL) de Montería.

En lo que respecta a la lista de candidatos con inhabilidades, María Isabel Silva Meza lidera el conjunto. Silva Meza se ha postulado para el Concejo de Montería por el Partido Ecologista Colombiano. Una situación similar afecta a Soidet del Carmen Arrieta Vargas, quien busca un lugar en el cabildo capitalino bajo la bandera del Partido Gente en Movimiento.

El informe de la Procuraduría también señala a Jorge Luis Padilla Sáenz, aspirante al Concejo de Montería por el Partido La Fuerza de la Paz. Además, Alberto Darío Bueno Giraldo, perteneciente a la misma colectividad, enfrenta un obstáculo similar.

El impacto de estas inhabilidades se extiende a otros municipios de Córdoba. En Sahagún, dos candidatos enfrentan problemas para presentarse en la contienda electoral de octubre. Manuel Enrique Orrego Jiménez, del Partido Dignidad, y Jesús Antonio Aristizábal Gómez, inscrito por el Nuevo Liberalismo, se encuentran entre ellos. En Lorica, Duaner De la Barrera López, del Partido Ecologista Colombiano, y Arnodis Francisco Díaz Ballesta, del Polo Democrático, también enfrentan restricciones según la Procuraduría General de la Nación.

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