La extradición del general retirado de Venezuela a EE.UU. se avecina, quien asegura que “el Gobierno chavista ha financiado ilegalmente movimientos políticos de izquierda en el mundo durante 15 años”.
La Oficina de Asilo y Refugio de España rechazó la segunda petición de asilo del exgeneral venezolano Hugo Armando Carvajal, y cuya entrega a Estados Unidos ha ido dilatando por estas solicitudes y recursos desde octubre pasado.
Esta segunda petición de asilo, basada en la persecución política de Estados Unidos que el ‘Pollo’ Carvajal alegaba, era la que frenaba su extradición a ese país.
Las autoridades norteamericanas lo reclaman por delitos de narcotráfico, si bien fuentes jurídicas indican que lo previsible es que la Audiencia Nacional, AN, que debe hacerla efectiva, espere a que la resolución sea firme.
Quien fuese jefe de contrainteligencia militar en los gobiernos de los presidentes venezolanos Hugo Chávez y Nicolás Maduro todavía tiene un recurso pendiente de resolución contra la decisión de Interior de rechazar en octubre de 2021 una primera petición de asilo.
Desde que fuera detenido en Madrid en septiembre de 2021, tras casi dos años escondido, Carvajal no ha cejado en el empeño de evitar su entrega a la Justicia norteamericana, que lo acusa de integrar una organización dedicada al narcotráfico y relacionada con las Farc de Colombia.
La Audiencia Nacional española autorizó su extradición en noviembre de 2019, tras revocar una decisión inicial de no entregarlo. Sin embargo, Carvajal ya estaba en paradero desconocido entonces.
Dos años después fue detenido de nuevo en Madrid y comenzó su ofensiva judicial. Aparte de la serie de recursos presentados contra las decisiones que conducían a su entrega a EE.UU., también se ofreció a declarar sobre otros asuntos, primero sobre temas de terrorismo, pero finalmente acabó apuntando a supuestos pagos a exlíderes del partido español Podemos a través de la petrolera estatal venezolana (Pdvsa) en 2021.
El próximo 21 de abril, Carvajal está citado en la Corte Suprema de Justicia de Colombia para declarar contra el candidato presidencial Gustavo Petro, por la presunta financiación a sus campañas con dinero del chavismo.