El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assís, presentó un informe con los resultados sobre las conductas vulneratorias de derechos humanos en el primer semestre de 2023, en donde se advierte el número de casos de desnutrición en menores de edad, y los elementos que configuran el conflicto armado en la región.
Han sido identificados registra cerca de 400 casos de desnutrición aguda, moderada y severa en menores de cinco años en Córdoba. Del total de los casos evidenciados en los primeros siete meses del año, una tercera parte tuvo lugar en la capital Montería y en los pueblos indígenas Zenú y Embera Katío.

“Son 394 casos notificados de desnutrición aguda, moderada y severa en menores de 5 años en el departamento de Córdoba; el 33,2%, es decir, una tercera parte del total, tuvo lugar en Montería. Es preocupante, además, la tendencia del 95% de los casos en el estrato socioeconómico uno, lo cual refleja las violencias estructurales y la situación de orden público actual, que impactan directamente en los derechos a la vida, salud y alimentación de las comunidades más vulnerables”, indicó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
La desnutrición infantil también ha afectado a los pueblos indígenas Zenú y Embera Katío, asentados en su mayoría sobre los ríos Sinú, Esmeralda y Río Verde, con 49 casos reportados. Además, debido a la enfermedad y causas asociadas y según datos preliminares del Instituto Nacional de Salud, fueron reportadas cuatro muertes de menores de 5 años.
Se supo que la Dirección Nacional de Atención, Trámites y Quejas de la Defensoría registró entre enero y julio un total de 829 quejas por lo que sería la vulneración de los derechos humanos en el departamento, siendo Montería la ciudad que más reportó, con 369.

“En primer lugar está el derecho a la salud, que registra un 50,1% de total de las quejas. Le siguen el derecho a la vida, con 15,9%; el acceso a servicios públicos y su prestación eficiente y oportuna, con un 4,5%, y la presunta vulneración de derechos de la niñez, con 3,3%», expresó el Defensor del Pueblo desde el auditorio Jorge Bedoya, de la Universidad Pontificia Bolivariana de Montería.
El informe detalla que, paralelamente, el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo identificó elementos que configuran el conflicto armado y las emergentes dinámicas de violencia en Córdoba, como el fortalecimiento de actividades económicas ilícitas; entre ellas, el narcotráfico, el lavado de activos y otros delitos conexos. Adicionalmente, se destacó el conflicto originado por la minería y la salvaguarda de los derechos colectivos y medioambientales.