Como parte del plan del Gobierno Nacional para atender a municipios más pequeños. Esta medida sigue el mandato del Decreto 2016 y busca revivir los mataderos municipales que previamente cerraron sus operaciones.
La nueva resolución del Invima, en cumplimiento del Decreto 2016 de 2023 emitido por el Gobierno en noviembre pasado, establece las reglas para el funcionamiento de estos establecimientos. Según Sandra Rocío Jiménez, directora de Alimentos y Bebidas del Invima, se espera que alrededor de 150 plantas de sacrificio animal porcino y bovino en municipios de cuarta, quinta y sexta categorías reanuden operaciones. Estas plantas son consideradas pequeñas y su capacidad varía entre 1 y 40 animales sacrificados por semana.
La resolución estará abierta a observaciones ciudadanas hasta el 15 de marzo de 2024 y, una vez firmada por el director de la entidad, Francisco Rossi, entrará en vigencia.
Las plantas que deseen reanudar operaciones deberán solicitar una visita de autorización sanitaria y aprobarla. En el caso de plantas de autoconsumo que aspiran a distribuir localmente, la solicitud deberá presentarse ante el alcalde con el aval del Comité Departamental de Carne y Productos Cárnicos Comestibles. Además, se establecen requisitos y condiciones para garantizar la calidad y seguridad en la operación de estas plantas.
La medida busca abastecer a municipios más lejanos y del área rural dispersa que enfrentan dificultades para obtener carne de las grandes centrales de sacrificio. Esta iniciativa se presenta como una respuesta a la revisión sanitaria realizada por el Invima en 2016, que resultó en el cierre de numerosas plantas de sacrificio que no cumplían con los requisitos establecidos.
Cabe mencionar que ya existe una normativa, el Decreto 1500 de 2007, que regula el funcionamiento de mataderos, pero la nueva resolución busca abordar las necesidades específicas de los municipios más pequeños y rurales. La medida pretende reducir los costos de traslado del ganado, atacar el monopolio de la carne y disminuir los mataderos clandestinos, con la expectativa de reducir el costo de la carne para los consumidores finales en los territorios donde se implemente esta nueva normativa.