El municipio de Puerto Libertador completó 12 días con la situación de desplazamiento que se produjo luego de que, los campesinos residentes de los corregimientos de Santa Fe de las Claras y San Juan de Asís, salieran de sus territorios asegurando que son presionados por parte de la Fuerza Pública, en el marco de la erradicación de cultivos de uso ilícito.

De acuerdo con el secretario de Gobierno de esta municipalidad, Rafael Martínez, esta situación amenaza con convertirse en una emergencia humanitaria, por lo que fue necesario y urgente adelantar un acercamiento con el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles, el general Raúl Fernando Vargas, para poner en conocimiento los procedimientos que han adelantado algunos uniformados y que, a la voz de los campesinos, se convierten en acciones que vulneran sus derechos.

Según el jefe de la cartera, las denuncias de los presuntos abusos que ocasionaron enfrentamientos entre los uniformados y los lugareños, fueron consideradas y acogidas por el oficial, por lo que serán objeto de un análisis que permita esclarecer algunas situaciones que han sido advertidas hasta la fecha.

“Tuvimos una reunión con el general Vargas, comandante de la Fuerza Tarea Conjunta Aquiles, le manifestamos todas esas cosas que han venido diciendo nuestros campesinos en torno a algunos procedimientos inadecuados por parte de la Fuerza Pública”, señaló.

Aunque el funcionario reconoció que es parte de la misión institucional del Ejército y la Policía realizar el procedimiento de erradicación, advirtió que la forma en la que se está incidiendo en el territorio afecta a las poblaciones residentes.

“Son temas bastante complejos, pues es una misión institucional para el Ejército realizar el proceso de erradicación, pero también es una situación de vida para nuestros campesinos asegurar también su sustento. En ese sentido hay que entender un poco esta dinámica de afectaciones a todos los campesinos que han sido incluidos dentro del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, explicó.

Por otra parte, Martínez detalló que tras este encuentro el alto mando militar se comprometió a hacer mayor presencia en la zona, con el fin de que las operaciones de los uniformados sean realizadas con base a la dinámica del territorio. Según el secretario, este ejercicio permitirá que la percepción que tienen los campesinos de la Fuerza Pública y Militar mejore.

Hasta el momento, son cerca de 600 personas las que se encuentran alojadas en las instalaciones de la Alcaldía de Puerto Libertador, a la espera de que se brinden condiciones de seguridad que les permitan regresar a sus territorios.

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