De acuerdo con el director del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, Hernando Lodoño, los campesinos que se vieron inmersos en enfrentamientos con la Fuerza Pública, en medio de operativos de erradicación en el sur de Córdoba, no formarían parte de dicho programa.
Según el funcionario, los campesinos que han suscrito convenios de sustitución no pueden asociarse a las marchas y reclamaciones que surgen en los territorios por presuntos incumplimientos del programa.
“Es imposible que un beneficiario del PNIS hoy tenga coca, por eso el argumento de que el PNIS ha incumplido y por eso tengo coca, no es cierto. Los beneficiarios recibieron ya los pagos por asistencia alimentaria que son más de 12 millones de pesos luego ellos no pueden este momento argumentar que por las demoras en la implementación de venir porque este fue un programa que no se planificó bien desde el principio”, señaló.
Y agregó que “ningún beneficiario del PNIS hoy debe tener cultivos ilícitos, porque le estaría incumpliendo al Gobierno, al programa y a la sociedad”.
No obstante, el funcionario reconoció que, en varios casos, incluyendo los municipios del sur de Córdoba, estas movilizaciones campesinas son infundadas por el accionar de los grupos al margen de la ley que hacen presencia en el territorio.