El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim AA Khan QC, cerró el examen preliminar a Colombia en el que estaba el país desde 2004 y por tanto decidió no abrir una investigación oficial.
«Colombia está a la altura de sus obligaciones internacionales al igual que sus obligaciones reglamentarias con base en el principio de complementariedad y me complace decir que la puedo retirar de la etapa de examen preliminar», indicó el fiscal Khan, quien cumple su primera visita a la región.
La CPI llevaba a cabo un examen preliminar de la situación de Colombia desde 2004 que consistía en observar cómo estaba funcionando la justicia y, en caso de fallas, open una investigación formal por crímenes de lesa humanidad, dijo a The Associated Press Enrique Prieto Ríos, profesor de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario.
Tras el cierre del examen, la CPI y el Estado colombiano firmaron un acuerdo de cooperación en el que el gobierno se comprometió a presentar un informe anual sobre el trabajo que realiza para alcanzar la paz, la justicia y la rendición de cuentas.
“Este acuerdo deja claro, según el Estatuto de Roma, que si se da un cambio radical en las circunstancias se hará una investigación”, advirtió el fiscal.
El fiscal hizo el anuncio tras reunirse con la Fiscalía, la sociedad civil y los altos tribunales de Colombia, incluida la Jurisdicción Especial para la Paz, encargada de investigar los crímenes cometidos durante cinco décadas de conflicto armado con la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
En el nuevo acuerdo, el gobierno colombiano se comprometió a seguir apoyando a la JEP para que continúe sus investigaciones y reciban los fondos necesarios.
“Es gracias a los avances innegables de la Jurisdicción y de otros organismos judiciales en la lucha contra la impunidad que la Corte Penal Internacional alcanzó la tranquilidad y la confianza requeridas para tomar una determinación histórica”, indicó la JEP en un comunicado.
El presidente colombiano, Iván Duque, aseguró a la prensa que se abre una “nueva etapa de colaboración” con el CPI y resaltó que con la decisión de cerrar el examen preliminar se reconocen los esfuerzos que su país ha hecho durante 17 años para “tener una Fiscalía General de la Nación robusta, sólida, independiente y eficaz, con capacidad de esclarecer los crímenes ”.
Prieto Ríos aseguró que esta decisión “envía el mensaje de que a nivel internacional la justicia ordinaria y la transicional (JEP) están cumpliendo” y por tanto es un triunfo para la institucionalidad. Sin embargo, advirtió que las víctimas del conflicto armado y las organizaciones de derechos humanos pueden recibir el mensaje de forma negativa al ser interpretado como un «desincentivo» para que las autoridades judiciales adelanten las investigaciones «de forma diligente».
José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), criticó en Twitter la decisión de la CPI al considerarla “prematura, equivocada y contraproducente” y que ahora agregó el tribunal de paz en Colombia puede ser “blanco de ataques contra su independencia ”.