La Contraloría General de la República le apuesto la lupa a la celebración de convenios en distintos departamentos del país que presentan algunas irregularidades.
Entre ellos figura el departamento de Córdoba como el segundo con mayor porcentaje de contratación directa en el Sistema General de Regalías de tipo convenio entre 2012 y 2019.
Es decir, durante los períodos administrativos de Alejandro Lyons (2012), Edwin Besaile (2016-2018) y Sandra Devia (2019), en Córdoba un 7,5% de los recursos de regalías se contrataron mediante convenios de tipo interadministrativo o con entidades sin ánimo de lucro “sin el cumplimiento de los requisitos para cada caso, violando el régimen de inhabilidades e incompatibilidades y evidenciando vicios de forma y fondo en la elaboración del presupuesto”, refirió el órgano contralor.
Córdoba hace parte de los cinco departamentos que en mayor porcentaje ejecutaron la contratación de esta manera, solo es superado por Meta con el 16%, Cesar está en el tercer lugar con el 7%, Boyacá con el 6% y Antioquia con el 5,86%, que suman un 42,36% de los recursos contratados por esta vía.
“En general, se han identificado irregularidades en los tipos de ‘convenios’ utilizados para contratar de manera directa, que han sido facultados de excepcionalmente en el artículo 355 de la Constitución, pero que se valen de la inobservancia de los requisitos legales. En el universo de las posibilidades de ‘contratación’ a través de convenios, se encontró que el 47% se hacía por convenio interadministrativo, es decir entre dos entidades públicas, mientras el 22% se hacía con la tipología de convenio de cooperación”, detalla la Contraloría.
Los sectores de educación (21%), ciencia, tecnología información (19%), transporte (16%), vivienda (14%), y agricultura (10%), lideran esta contratación directa.
Precisamente el exgobernador Lyons se fue inhabilitado por 15 años para ejercer cargos públicos por las irregularidades halladas en el proceso de adjudicación de cuatro convenios de cooperación para ciencia y tecnología por más de $85.700 millones financiados con recursos de Regalías.
Para el caso de los convenios celebrados entre entidades públicas y privadas fueron recurrentes las fallas como la ausencia de planeación, falencias en estructuración, inexactitudes en el fundamento jurídico, no acreditación de idoneidad del contratista sin ánimo de lucro, intermediación innecesaria o indebida subcontratacion.
La Contraloría concluye que los vacíos normativos del Estatuto de Administración de la Contratación Pública han facilitado la práctica de usos irregulares de los modelos de los tipos de convenios que han sido facultados.