La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió el recurso de apelación interpuesto por la defensa contra la sentencia proferida el 10 de agosto de 2018 por el Tribunal Superior de Montería, mediante la cual condenó al juez, Miguel Francisco Burgos Iglesias, por el delito de prevaricato por acción, quien fue vinculado al conocido caso del ‘Carrusel de Telecom’.
El alto tribunal decidió condenar al funcionario como autor del delito de prevaricato por acción, a las penas principales de 48 meses de prisión, 66.66 salarios mínimos legales mensuales vigentes de multa y 70 meses de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas.
Cabe recordar que día 28 de abril de 2014, ante el Juzgado Tercero Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Montería, la Fiscalía imputó a Miguel Francisco Burgos Iglesias el delito de prevaricato por acción, de conformidad con lo previsto en el artículo 413 de la Ley 599 de 2000; diligencia que culminó sin allanamiento a cargos.
Posteriormente fue repartido el escrito de acusación el 9 de junio de 2015, documento que fue objeto de adición en aspectos atinentes al descubrimiento probatorio, y el Tribunal Superior de Montería realizó la respectiva audiencia el 4 de noviembre de 2015.
Panorama
Son varios los jueces destituidos y sancionados en Córdoba desde el año 2014, porque fallaron tutelas que eran improcedentes, es decir, que los reclamos que hacían los accionantes (extrabajadores de Telecom) eran demasiado tardíos y además contaban con otra vía judicial, como lo es la justicia ordinaria laboral afectando el Patrimonio Autónomo de Remantes (PAR) de Telecom, según explicó una fuente del Palacio de Justicia.
La defensa del Patrimonio Autónomo de Remanentes de Telecom (PAR) demandó a la Rama Judicial por más de 9.000 millones de pesos, solicitando una reparación directa por el multimillonario desfalco del que fue víctima la liquidada empresa de telecomunicaciones Telecom.