Bucaramanga. Un juez penal especializado de Bucaramanga dictó una condena de 20 años y nueve meses de prisión contra Lucila Inés Gutiérrez de Moreno, exrectora de un colegio en Charalá (Santander).
La sentencia se dio en el marco de su participación en el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, entregándolos a grupos paramilitares.
El fallo señala a Gutiérrez de Moreno por los delitos de secuestro simple agravado, acceso carnal violento en persona protegida, esclavitud sexual y desplazamiento forzado.
La investigación reveló que, entre 2001 y 2003, permitió el abuso sexual sistemático de algunas de sus estudiantes por parte de cabecillas del frente Comunero Cacique Guanentá de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Las declaraciones de exparamilitares ante la Fiscalía fueron fundamentales para acusar a la exrectora, quien, según los testimonios, facilitó el reclutamiento forzado y contribuyó a que las niñas fueran sometidas sexualmente por los paramilitares.
Se documenta que, al finalizar las clases, los estudiantes salían a realizar actividades relacionadas con el grupo ilegal en el corregimiento de Riachuelos, Santander.
Además, se constató que la exrectora permitió que el grupo ilegal financiara eventos y reinados en los que participaban las niñas del colegio, facilitando así que los comandantes paramilitares se llevaran a las menores a sus campamentos. Incluso, prestaba su casa para estos encuentros, ya que estaba adyacente al colegio.
La Fiscalía identificó al menos dos víctimas que permanecieron encerradas y fueron víctimas de abusos por parte de los paramilitares. Dichos individuos eran conocidos como Víctor, Carlos, Nariz, Chirrete, Silvestre y Shuster. Los menores eran obligados a acompañar a los paramilitares en todo momento y eran abusados mediante amenazas de muerte o bajo el efecto del alcohol.
José William Parra Arroyave, identificado como auxiliador y orientador político del frente Cacique Guanentá, también fue condenado en el mismo caso. El acusado engañó a 23 adolescentes y los entregó al grupo armado ilegal, siendo uno de ellos víctima de abuso sexual. Parra Arroyave fue sentenciado a 24 años y dos meses de prisión por entrenamiento para actividades ilícitas, acceso carnal violento en persona protegida y reclutamiento forzado.
La Fiscalía concluye que el plan de los paramilitares era crear un nuevo frente armado ilegal con jóvenes, operando potencialmente en la frontera con Venezuela. Durante casi cuatro años, operaron en paralelo el campo de instrucción militar con el colegio, reclutando al menos 214 menores de edad en Santander, 70 de ellos pertenecientes a Riachuelo, un pequeño corregimiento del municipio de Charalá.