La historia del “entramado” de corrupción que desvió recursos de la niñez contratados con el ICBF en Córdoba y que en las últimas horas originó la ocupación de bienes de personas señaladas como responsables, data del año 2015 cuando el Instituto contrató con la Fundación Tierra Nuestra 7 mil 407 millones de pesos para atención de menores de edad.
En mayo de 2017, dos años después de la firma del contrato, nueve personas fueron capturadas luego que la Fiscalía investigara irregularidades en el contrato.
Según el ente investigador, el objetivo del mismo era atender a 3.610 usuarios en Modalidad Familiar. Sin embargo, se logró establecer que los directivos de esta fundación, con el aval del supervisor de ICBF, se apropiaron presuntamente de 2 mil 705 millones de pesos, recursos destinados para la primera infancia.
Dentro de los capturados figuraron Mariela Peña Sibaja, líder de la Fundación; Carlos Fernán Lázaro Arroyo, representante legal de la Fundación; Jorge Luis Peña Atencio, empleado de confianza; Cindy Isabel Bermúdez Cuitiva, empleada; un asesor contable, una supervisora para la época del ICBF, el contratista y una falsa proveedora.
En el proceso se reseña por parte de la Fiscalía que, se habrían falsificado las actas financieras de legalización para el desembolso de los recursos y se giraron cheques que no fueron invertidos en la ejecución del contrato, razón por la cual se ordenaron las capturas.
Allí se estableció además que los delitos que le imputarán serán falsedad ideológica en documento público y privado y contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales.
El 16 de agosto de 2018, Mariela Peña, y otros implicados recobraron la libertad, algunos por vencimiento de términos.
Ahora el proceso recobra actualidad por la ocupación de bienes que hizo la Fiscalía a propiedades de los implicados.