A través de cuenta de Twitter, la Contraloría General de la Nación informó que abrió un proceso de responsabilidad fiscal en contra de Centros Poblados y de funcionarios del Ministerio de las TIC por el contrato que otorgó esa entidad estatal y que está por el orden de los $70 mil millones.
El anuncio fue hecho hoy 20 de agosto desde Buenaventura por el contralor general, Carlos Felipe Córdoba Larrarte, donde el funcionario y su equipo están revisando irregularidades en el Plan de Alimentación Escolar (PAE) en esa región.
Córdoba Larrarte, jefe de la entidad, informó que embargarán los bienes de los contratistas que recibieron el anticipo para resguardar ese dinero.
“No solo se trata de resguardar con embargos los $70.000 millones que se entregaron como anticipo. La norma nos permite resguardar hasta $140.000 millones”, dijo el Contralor.
El jefe del ente de control precisó “que estamos verificando, y yo pido que entiendan la reserva del caso, es que tenemos que verificar las cuentas, los datos, mirar qué es lo que se tiene dentro del proceso”.
En este entramado de corrupción ya se conoció que parte de los $70 mil millones, es decir, $58 mil millones se destinaron a una empresa llamada afincada en Delaware (EE.UU.), llamada Nuovo Security, pero ésta pertenecería en un 70% a Juan Carlos Cáceres Bayona, quien es dueño de Funtics (antes Novatics), y la cual hace parte de la unión temporal que se ganó la licitación para llevar a cabo la instalación de internet en diferentes colegios del país.
Las inconsistencias que se conocieron al estallido de este caso son que Nuovo Security solo tiene ingresos anuales por 197 mil dólares, pero sospechosamente el MinTic les otorgó 15 millones de dólares, máxime cuando un banco en Estados Unidos solo les prestaría 2.500 dólares por las bajas ganancias que generaron en un año.
Otras irregularidades que se conocieron sobre la conformación de Nuovo Security es que esta supuesta empresa no tiene página web, sino que habría tomado una plantilla y le cambiaron unos textos. A ello se le suma que no tiene seguidores en Facebook y en Instagram no funciona el enlace. Tampoco tienen teléfono de contacto, ni información sobre quiénes son o qué hacen.
Sobre el dinero restante, los otros $12.000 millones, estos fueron consignados en cuentas de la empresa Inselsa SAS, una firma barranquillera que, tiene una porción de las acciones de ICM Ingenieros, una compañía que habría adquirido presuntamente Emilio Tapia en octubre de 2020 y que también hace parte de Centros Poblados.