La Contraloría abrió un proceso de responsabilidad fiscal por $70.243 millones por las presuntas irregularidades presentadas en medio del contrato para la instalación de puntos digitales, firmado entre el Ministerio de las TIC y la Unión Temporal Centros Poblados.
Los vinculados a este proceso son Adriana Vanessa Meza Consuegra, representante legal delegada de FunTIC y secretaria general de Ministerio, Sandra Orjuela Méndez, subdirectora de Gestión Contractual y Camilo Alberto Jiménez Santofimio, quien era director de infraestructura de esta cartera y, además, el supervisor del contrato 1043 firmado con el consorcio.
Por parte de la unión temporal se investigará por su posible responsabilidad fiscal a las cuatro empresas que hacen parte de la misma y que son la Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e Innovación, ICM Ingenieros, Intec de la Costa y Omega Building Constructora.
La Contraloría también incluye en este proceso a la firma SES Colombia, encargada de revisar la documentación, pólizas y garantías del contrato, a la firma PE2020 C Digitales que es la interventoría del proyecto y aprobó el anticipo y a la fiduciaria del BBVA de donde se giraron los recursos para el consorcio.
Pero, además, se establecieron medidas cautelares con las que se buscarán bienes y se cuentas bancarias de los involucrados en este escándalo y de quienes tuvieron que ver con el pago del anticipo por $70.000 millones de pesos, que hoy están perdidos.
Según el órgano de control, “en cumplimiento del artículo 16 de la Ley 610 de 2000, se procedió a decretar las medidas cautelares correspondientes y se adelantaran las diligencias de versión libre y práctica de pruebas para llegar a una pronta y oportuna decisión de fondo, sobre la ejecución de los recursos públicos destinados a la instalación de los centros digitales en el país y entregados en calidad de anticipo a la UT Centros Poblados”.