Al conocer la ratificación de la sentencia de la Superintendencia de Sociedades que ordena la terminación de la Ley 550, el diputado Carlos Gómez Espitia, le sugirió a la Gobernación de Córdoba, explorar la tutela como mecanismo de defensa financiero y administrativo de la administración, entendiendo los problemas que le causaría al departamento esta decisión.
El dirigente político dijo que para acudir a esa vía hay que tener un buen sustento que demuestre vulneración de derechos fundamentales en un proceso que está obligando a la administración a reconocer y pagar deudas por más de 9 mil millones de pesos a la IPS Funtierra Rehabilitación que reclama facturas de servicios NO POS de los años 2014, 2015 y 2016.
Gómez Espitia, llamó a los actores políticos de la región a rodear a la Gobernación y unirse en una férrea defensa institucional.
Además, expresó que la auditoría al sector salud que tiene a cargo la Universidad de Cartagena, debe dar luces sobre el reconocimiento o no de las deudas, especialmente con la mencionada IPS, que fue llamada a descargos para presentar pruebas.
De caerse la ley 550, Córdoba queda expuesta a embargos de sus cuentas y una parálisis financiera y administrativa.