Argumentando que no es de su competencia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó la medida cautelar de suspensión del cargo del registrados nacional, Alexander Vega.
El tribunal explicó que la suspensión provisional de un funcionario, se trata de una medida propia del proceso disciplinario, por lo tanto, se asume que la entidad facultada para tomar esta decisión es la Procuraduría.
“La Ley 472 de 1998 establece que la acción popular no puede interferir las acciones disciplinarias o penales que para el caso procedan”, señala.
En su defecto, el tribunal procedió a decretar medidas cautelares de cumplimiento inmediato como el acceso a la información y la participación de las colectividades políticas, de cara a las elecciones presidenciales.
“Los destinatarios de la información que debe ser suministrada por el registrador nacional del Estado Civil son la generalidad de la ciudadanía, en tanto legalmente sea posible; y, en todo caso y con el mayor alcance que permita el marco legal aplicable, las organizaciones políticas que participarán en los comicios de primera y segunda vuelta para la Presidencia y Vicepresidencia de la República; los observadores electorales: Misión de Observación Electoral (MOE), Misión de Observación Electoral de la Unión Europea y Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos; y la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo”, señala el documento que deja en claro la decisión del Tribunal.
No obstante, el registrador Alexander Vega fue citado a una audiencia por esta instancia judicial el próximo 11 de mayo, con ocasión de las “presuntas vulneraciones del derecho e interés colectivo de acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna (artículo 4, literal j, Ley 472 de 1998), en la medida en que la función pública electoral se vio afectada por una serie de deficiencias ocurridas en los comicios del 13 de marzo pasado”.
Es de recordar que la decisión del Tribunal obedece a una acción popular instaurada por el abogado Germán Calderón España, por las presuntas irregularidades detectadas en los comicios parlamentarios.