La Superintendencia de Industria y Comercio adelanta un procedimiento administrativo sancionatorio, encaminado a ordenar la remoción del presidente de la Cámara de Comercio de Montería, Felix Manzur, así como los miembros de su junta directiva: Jorge Eliécer Doria Corrales, Álvaro Segrith Sepúlveda Salgado, Gloria Inés Díaz Tapia y Mario Fidel Díaz Ibáñez.
Según la Resolución 58087 DE 2020, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, durante más de 5 años los miembros de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Montería, elegidos por los comerciantes, habrían incumplido su deber de controlar y evaluar la gestión contractual de la entidad.
En primer lugar, “no adoptaron medida alguna para analizar la gestión contractual del Presidente Ejecutivo de la Cámara, quien –supuestmente- de manera sistemática direccionó casi el 65% de la contratación de la entidad hacia un conjunto de empresas que estarían vinculadas con sus directivos, que carecerían de condiciones de idoneidad y que habrían recibido un trato considerablemente favorable en perjuicio de los intereses de la Cámara”.
La Superintendencia también alegó que los miembros de la Junta Directiva se habrían abstenido de adoptar medidas cuando los directivos designados por el Gobierno Nacional les advirtieron de las notorias y sistemáticas irregularidades y resaltaron los defectos de la regulación de la entidad que podrían aprovecharse para ese propósito ilegal.
“La conducta de Manzur desde el año 2015, habría incumplido los deberes que como Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio tiene, ya que –supuestamente- desde esa fecha venía direccionado la mayoría de la contratación de la Cámara hacia varias empresas que no reunían las condiciones de idoneidad suficientes y que, tienen relaciones entre sí y podrían estar vinculadas con directivos de la organización”, se lee en el documento entregado por Superindustria.
Esa contratación habría tenido lugar sin la planeación suficiente y mediante procesos de selección que no se diseñaron para beneficiar a la Cámara, sino para favorecer a las empresas contratistas.
En adición, el Presidente Ejecutivo habría reiterado la vinculación de las empresas en cuestión, a pesar de constantes irregularidades en la ejecución y sin tener en cuenta que los resultados de los contratos que ejecutaban no lo aconsejaban.
Entre 2015 y 2020 el 65% de la contratación de la Cámatra se desarrollaron con los mismos contratistas.
En el periodo referido ejecutó contratos por valor de $19.200.861.07115.
El 64.8% de ese monto ($12.443´212.429) fue ejecutado en contratos que la Cámara celebró con ALLIANCE EFFORT S.A.S.16 (ALLIANCE), INNOVEMP KORPERSCHAFT S.A.S. (INNOVEMP), PROSJEKT OG FORSK COLOMBIA S.A.S. (PROSJEKT) y RECHTS & STEUERN, CORP S.A.S. (RECHTS). Los contratos que la CCM ejecutó con ALLIANCE en el periodo referido sumaron $5.981´834.429.