Los campesinos y cultivadores de coca del sur de departamento de Córdoba difieren con los métodos de erradicación del Gobierno Nacional al sentirse vulnerados por el incumplimiento de acuerdos dentro del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS).
La incertidumbre creció luego del enfrentamiento de la Fuerza Pública con cocaleros en el municipio de Montelíbano, situación que frenó la erradicación y que hoy tiene a los campesinos a espera de un diálogo.
Es el caso también del municipio de Puerto Libertador, donde hay entre 1.500 y 1.600 hectáreas de coca sembradas, de acuerdo con datos aportados por el secretario de Gobierno Municipal, Rafael Martínez.
El funcionario dijo que los municipios se han puesto a disposición del Gobierno Nacional para explorar otras propuestas que puedan ayudar a atender a las familias cocaleras que hoy reclaman la presencia del Estado para dejar los cultivos.