Por considerar que es una herramienta de “explotación laboral”, el presidente de los colombianos busca acabar con los contratos de prestación de servicios en la segunda parte de la legislatura del Congreso de la República, que comienza a mediados de marzo de 2023.
Es de recordar que este tipo de contratos no está regulado por la legislación laboral sino la civil, por lo que el contratante no asume ninguna obligación laboral.
En este caso, la persona se contrata para que preste un servicio a cambio de una remuneración que generalmente se denomina honorarios y que puede ser de carácter profesional, técnico o de cualquier otro que no requiera destreza alguna.
Dentro de los objetivos de este contrato está prestar funciones como una asesoría, ejecutar una labor determinada, hacer una reparación o mantenimiento, etc., y para ello se elabora un contrato por escrito, aunque nada impide que se realice un acuerdo verbal, en el que se define el servicio a prestar, las condiciones en que se debe prestar el servicio, y la remuneración que pagará al contratista.
El jefe de Estado anunció que con esto no se afectaría la economía del país pues aseguró que “yo lo que veo es que las economías más desarrolladas tienen salarios más altos que nosotros. Allá podrá haber la discusión. ¿Tienen hoy salarios más altos que hace 15 años?”.
Es así como el presidente indicó que lo que busca es la formalización laboral y que el trabajador pueda recibir todo lo de ley, entendiendo esto como primas, vacaciones, cesantías, entre otros, lo cual no es posible en el contrato de prestación de servicios donde el trabajador asume el pago de seguridad social, pensión y ARL.
Para la ministra de Trabajo, Gloria Ramírez, “esta es una forma de contratación que efectivamente saque de nuestro escenario este proceso de tener unas contrataciones que seccione derechos de trabajadores y trabajadoras, vamos a hacer un proceso de transición para ir poco a poco avanzando hacia la formalización laboral”.
Como dato relevante se tiene que, son cerca de 910.000 personas las que en Colombia tienen este modelo de contratación, según el Departamento Administrativo de Función Pública en Colombia.
Por otro lado, se busca incentivar que, en los casos en los que su labor lo permitan, se privilegie el uso del teletrabajo para los contratistas por prestación de servicios.