La Procuraduría General de la Nación, a través del Procurador Segundo Delegado ante el Consejo de Estado, solicitó a la Sala Especial de Decisión que se decrete la pérdida de investidura del exsenador Eduardo Enrique Pulgar Daza (Partido de la U).
En su intervención, el Procurador Delegado indicó que con las pruebas aportadas al expediente se logró demostrar la culpabilidad del exsenador Eduardo Pulgar Daza, en las investigaciones que se ciernen en su contra.
“Por cuanto resulta evidente la intención y el querer que tuvo el excongresista para afectar la voluntad del servidor público que tenía a cargo una actuación judicial que beneficiaría directamente a terceros involucrados en la contienda para obtener el control de la Universidad Metropolitana de Barranquilla e indirectamente a él para obtener los votos que necesitaba en las elecciones de 2018”, expuso la Procuraduría en su solicitud.
En su concepto, el Ministerio Público señaló que estos presupuestos fueron reconocidos como delito por el exsenador en la diligencia de aceptación de cargos ante la Corte Suprema de Justicia. En consecuencia, Eduardo Enrique Pulgar Daza, en su condición de congresista de la República, para el momento de los hechos, incurrió en la causal de pérdida de investidura prevista en el numeral 5 del artículo 183 de la Constitución Política, esto es, tráfico de influencias debidamente comprobado.
Los hechos se originaron luego de que el demandante pusiera en conocimiento de la Alta Corporación el relato del señor periodista Daniel Coronel en columnas publicadas en el portal de internet Los Danieles.
En dicho portal, Coronel reveló audios en los que Pulgar Daza sostenía una reunión con el juez del municipio de Usiacurí (Atlántico), Andrés Rodríguez Cáez, en las que el otrora senador le pedía resolver a favor de José Acosta Osío (uno de los dueños de la Universidad Metropolitana de Barranquilla y amigo de Pulgar Daza), que fallara a favor de este último en un litigio que sostiene con miembros de su familia por el poder al seno de ese claustro, a cambio de la suma de $200 millones.