A unas cuantas horas de las elecciones presidenciales, la Procuraduría General de la Nación alertó sobre acciones que presuntamente buscarían coaccionar el voto.
La entidad tuvo conocimiento de que gobernadores y corporaciones de resguardos indígenas habían expedido comunicados en los que informan a sus comunidades que el certificado de votación será requisito, a partir del 20 de junio, para poder realizar trámites tales como exoneraciones de servicio militar, avales universitarios o actualización censal.
En atención a esto, el Ministerio Público, con el fin de velar por la protección de los derechos políticos y la democracia participativos de los ciudadanos, instó a gobernadores y corporaciones de resguardos indígenas para que «en el ejercicio de su autonomía y derecho a la libre determinación, fomenten prácticas que incentiven el ejercicio de los derechos políticos de los integrantes de sus comunidades sin coartar sus libertades ciudadanas».
Y así mismo, hizo un llamado al Ministerio del Interior, para que «inicie un diálogo político con estos resguardos indígenas, con el fin de que se puedan establecer medidas que protejan sus usos y costumbres y el ejercicio de los derechos políticos de sus integrantes en su condición de ciudadanos».
Finalmente, resaltó que el derecho al voto es libre,y no debe condicionarse de ninguna manera.