En el mes de junio del año 2008 el fiscal octavo de Justicia y Paz, Leonardo Cavana, ante quien Mancuso admitió su responsabilidad por el desplazamiento, intimidación y despojo de las tierras de Costa de Oro, fue el encargado de notificar y hacer entrega de las escrituras a los campesinos, que fueron citados a la finca.

Hoy,12 años después, esas familias campesinas avasalladas por la violencia ven con esperanza la posibilidad de tener acceso a un sistema oficial que les suministre agua potable.

El proyecto está en manos del Concejo de Montería que en su primer debate en comisión de presupuesto lo aprobó.

Se trata de autorizar el comprometimiento de vigencias futuras para que ese proyecto, que es una obligación estatal como uno de los ítems de reparación integral para esas familias, se haga realidad.

El próximo 12 de septiembre el proyecto será aprobado por la Plenaria del Concejo y a partir de allí, será el alcalde, Carlos Ordosgoitia el responsable de los procesos de contratación y ejecución de la esperada obra.

La gente vivió tranquila en sus parcelas, llamadas Costa de Oro, hasta que los hermanos Carlos y Fidel Castaño Gil empezaron a intimidar a las familias de la vereda.

En esas duraron un par de años, hasta 1992, cuando a la región llegó Jesús Ignacio Roldán Pérez, alias ‘Monoleche’, enviado por los Castaño para tomar posesión definitiva de las parcelas.

Para el 94, el desplazamiento de la vereda había finalizado y las tierras tenían nuevos dueños: hombres armados, que vigilaban la entrada y la salida de personas a la zona.

Fue cuando el extraditado paramilitar Salvatore Mancuso acondicionó 1.454 hectáreas y entonces Tres Piedras se convirtió en la hacienda Costa de Oro, una de las más prósperas de la región. En esa tierra, en la zona rural de Montería, se comenta que era la ‘consentida’ del jefe ‘para’.
En 2008 se las regresan y aún esperan reparación integral. Uno de esos de compromisos es el agua potable y hay una luz de esperanza.

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