La Defensoría denunció que durante la pandemia generada por la COVID-19 se han presentado circunstancias que aumentan el riesgo de reclutamiento, como el cierre de colegios, la deserción escolar y el empobrecimiento de las familias.
Con el fin de evitar el reclutamiento forzado en menores, la Defensoría del Pueblo lanzó, en Dabeiba, Antioquia, la nueva estrategia que busca impulsar acciones de prevención, atención, promoción y divulgación sobre este delito que ha aquejado al país durante varios años.
La iniciativa en cabeza de Carlos Camargo, defensor del Pueblo, también tiene la intención de implementar y crear estrategias de incidencia ante instancias del Estado, con el propósito de visibilizar esta problemática para la adopción de acciones para la garantía y restitución de derechos.
Entre las estrategias de la Defensoría están la atención y actividades de acompañamiento judicial, acciones encaminadas a brindar atención y orientación a niños víctimas de reclutamiento forzado o en riesgo de estarlo y sus familias, y la activación del aparato jurisdiccional para la investigación, juzgamiento y sanción de casos de reclutamiento.
Esta estrategia se lanza en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las ‘Manos Rojas’ en contra del reclutamiento forzado, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados al margen de la ley y de estructuras del crimen organizado.
Carlos Camargo explicó que “este es un flagelo que aún afecta a nuestro país y que pone en riesgo el futuro de las generaciones más jóvenes y el tejido social de toda una patria.
Es por ello que lanzamos la Estrategia Defensorial contra el Reclutamiento Forzado, para articular y coordinar todas las acciones de la Defensoría del Pueblo en contra de esta reprochable conducta”.
Cabe mencionar que el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo ha identificado riesgo de reclutamiento, uso y utilización en 157 alertas, desde que fue puesto en marcha este sistema en 2017.PUBLICIDAD
“Solo en el año 2020 emitimos un total de 45 alertas tempranas que advierten sobre esta problemática en 238 municipios, entre otros, en los departamentos de Antioquia, Cauca, Chocó, Nariño y Norte de Santander”.
Las cifras
En un trabajo realizado por servidores de la Defensoría del Pueblo, del 17 de marzo al 30 de septiembre, se tuvo conocimiento de 83 casos, de los cuales 23 fueron reportados en terreno; 23 directamente en las oficinas de la Defensoría del Pueblo; seis por ONG; dos por la Agencia de Naciones Unidas y 29 por otras entidades.
Los departamentos en donde cometieron el ilícito son: 21 en Caquetá; 19 en Cauca; ocho en Putumayo; siete en Antioquia; seis en Arauca; cuatro en Chocó; tres en Amazonas y Córdoba, cada uno; dos en Huila, Meta, Vichada y Nariño, específicamente en Tumaco, y un caso en Bolívar, Boyacá, Cundinamarca y Tolima.
Las edades de las víctimas, según el órgano defensor, oscilan entre los 8 y los 18 años. De ellos, el 33% son menores de 14 años y un 59% son hombres. Además, 20 son indígenas y dos afrodescendientes.Respecto a los grupos armados ilegales autores del reclutamiento están facciones de las disidencias las Farc-EP, con 54 casos (63%); grupos armados del crimen organizado, con 5; grupos posdesmovilización de las AUC, con 5; el Eln, con 6; Clan del Golfo con 1, y no se tiene información en 10 casos.