Según el director de Carabineros y Seguridad Rural de la Policía, Brigadier General, Jesús Alejandro Barrera, la intervención a la mina de la vereda El Alacrán es una operación que afecta las finanzas del grupo armado ilegal ‘clán del golfo’, que a juicio del oficial utilizaba los mineros artesanales para obtener ganancias multimillonarias.
El Brigadier General, dijo que en el operativo se intervinieron 16 entables mineros y destruyeron 18 motores, desde donde el grupo armado ilegal obtenía ganancias ilegales que superan los 8.000 millones de pesos mensuales.
Junto a la Fiscalía Especializada Contra la Violación a los Derechos Humanos, asegura que “se interrumpe la instrumentalización de la población civil por parte del GAO Clan del Golfo. La minería ilícita en estas zonas del país, son la principal fuente de financiación de los Grupos Armados Organizados para sostener su lucha armada por el control territorial”.
En diciembre de 2020 las mismas comunidades le pidieron al Estado representado en el Defensor Nacional del Pueblo, el gobernador de Córdoba, el alcalde de Puerto Libertador, que les dieran la oportunidad de formalizarse, una petición que data de la década de los 90 sin respuesta.