A través de una controvertida resolución, se reconoce también el carácter político de la guerrilla y se le cataloga como una “organización armada rebelde”.
Pasada casi una semana desde que el Gobierno de Gustavo Petro y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) pactaron un cese al fuego bilateral –en el marco del proceso de paz–, este miércoles se conoció una controvertida resolución en la que, entre otros, el Ejecutivo le ordena a los funcionarios referirse a los subversivos con un “lenguaje respetuoso” de cara a desescalar el conflicto.
En el documento, que fue expedido el pasado 8 de julio, el gobierno de Gustavo Petro actualizó la resolución en la que reconoció la existencia de las negociaciones y diálogos con la guerrilla, uno de los primeros pasos para formalizar el proceso de paz. Sin embargo, tras la entrada en vigencia del alto al fuego el pasado 6 de julio, se incluyó un punto relacionado con el lenguaje.
“Se ordena a las autoridades del Gobierno Nacional a que, en el marco del cese al fuego, tengan en cuenta que las partes actuarán bajo el marco de un proceso de paz y usarán lenguajes de desescalamiento del conflicto armado”, se lee en la resolución.
Por otro lado, al reconocer el carácter político del ELN, se indica que en los diferentes actos administrativos que expida el Gobierno se referirán a la guerrilla “como una organización armada rebelde”.
El encargado de comunicar la resolución a las diferentes autoridades competentes será el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda. La resolución rige a partir de su fecha de publicación.
El senador Jota Pe Hernández, de la Alianza Verde (partido declarado de gobierno), reclamó por el contenido de la resolución: “Gustavo Petro pide que a los terroristas, criminales, asesinos y secuestradores del ELN se trate con respeto. ¿Qué podrán esperar los colombianos desprotegidos que claman por seguridad al ver que el mismísimo Presidente sale en defensa de estos bandidos?”, sostuvo.
Justo este martes, el Gobierno Nacional le exigió al ELN la suspensión definitiva del paro armado decretado en el departamento de Choco. Según denunció la oficina del Alto Comisionado para la Paz, continúan las muertes, los hostigamientos y la ráfaga de disparos por parte de este grupo armado, a pesar del anuncio del cese de operaciones militares.
“Con ocasión del anuncio por parte del ELN de la habilitación de un corredor humanitario temporal, una caravana de 20 lanchas con ayuda y atención de las personerías de la región intentó llegar a Chambacú y Noanamá (…) Al escuchar los disparos de un enfrentamiento armado, la caravana tuvo que detenerse y dar vuelta atrás sin poder completar la entrega de ayuda humanitaria que había sido planeada”, expresan.
Reportes de las autoridades han informado que por este paro armado han afectado un aproximado de 9.000 personas de 52 comunidades de los municipios de Sipí, Nóvita, Istmina y Medio San Juan.