Al margen del juicio político, la Fiscalía abrió una investigación contra el presidente Sebastián Piñera por posibles delitos tributarios y de cohecho por la venta de una minera.
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, quedó absuelto el pasado martes en el juicio político que le realizó el Senado por las presuntas irregularidades desveladas en el caso de paraísos fiscales de los “Papeles de Pandora”, que buscaba su destitución a solo cinco días de los comicios para la elección de su sucesor.
El gobernante conservador no será destituido y podrá continuar con su mandato, que finaliza en marzo de 2022, gracias a que ninguna de las dos acusaciones por las que se le juzgó obtuvo la mayoría necesaria de dos tercios (29 de los 43 escaños) para ser aprobadas.
El resultado era previsible toda vez que la oposición controla solo 24 asientos y necesitaba sumar cinco apoyos oficialistas, pero apenas uno de los 19 senadores que dan soporte al Gobierno se abstuvo, mientras que el resto rechazó el libelo.
La investigación periodística divulgó, en octubre pasado, que el presidente chileno vendió sus acciones del megaproyecto minero Mina Dominga en un paraíso fiscal en 2010, poco después de iniciar su primer mandato, y mediante un contrato de venta en el que existía un condicionante de política ambiental.PUBLICIDAD
Este proceso contra Piñera se da a pocos días de los comicios generales.
Por primera vez en la historia de la democracia chilena, ninguno de los favoritos en las presidenciales forma parte de las dos coaliciones tradicionales de centro-izquierda y centro-derecha que durante más de 30 años se repartieron el poder.
Se trata del juicio político contra un presidente que más ha avanzado en la historia del país y la segunda acusación constitucional contra Piñera, después de que en noviembre de 2019 la Cámara de Diputados rechazara abrir un proceso para su destitución por presuntas violaciones a los derechos humanos durante la crisis social.
Al margen de este juicio político, la Fiscalía abrió una investigación contra Piñera por posibles delitos tributarios y de cohecho en la misma operación.
El Ministerio Público entiende que cuando el asunto fue visto en los tribunales en 2017 no se tuvo acceso al contrato original escrito en inglés y suscrito en Islas Vírgenes Británicas, sino a una copia traducida al castellano.
El proceso se desarrolló en un clima de efervescencia electoral y de polarización política por los comicios presidenciales de este 21 de noviembre y desde el bando oficialista se acusó a la oposición de estar haciendo un uso electoral del mismo.