El fallo de la Sala Plena de ese alto tribunal aceptó una serie objeciones presentadas por el gobierno nacional a los lineamientos que regulaban esa labor.

Olinda García, presidenta nacional del sindicato de madres comunitarias del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), afirmó que buscarán tumbar un fallo de la Corte Constitucional que quitó beneficios en materia contractual que tenía ese grupo.

García indicó que el hecho de que no vayan a tener contrato directo con esa institución viola sus derechos como trabajadoras y añadió que van a exponer con abogados el caso, ante la comunidad internacional, buscando respaldo y que se garanticen sus condiciones laborales.

“Nuestros abogados están preparando una apelación frente al fallo en el que las madres perdemos derechos. Hasta nos van a decir que no somos trabajadoras, a sabiendas de que sí. Ya no tenemos derecho ni a una pensión, ni a nada”, explicó.

“Se está preparando el documento para apelar aquí en Colombia y a nivel internacional, frente a los Derechos Humanos. Hablamos de que en el país se respetan los DD.HH. y con esto nos damos cuenta que el Estado a las mujeres no nos quiere reconocer un derecho que tenemos”, afirmó.

“Con esto es que nos pagan a las madres comunitarias y a las mujeres, que en más del 50% pasamos de los 50 años. Hay mujeres adultas todavía trabajando y padecen enfermedades que recogieron en el trabajo de tres décadas, aunque digan que la labor no tiene ningún complique”, añadió.

Asimismo, la líder sindical aseguró que hasta el momento el Bienestar Familiar no se ha manifestado ante ellas, tras el fallo de la Corte. Afirma que habló con algunos funcionarios quienes le indicaron que todavía no tenían el fallo, por lo que no se pronunciarían por el momento.

“Desconocieron totalmente al Congreso con esa decisión que ya se había pasado por Cámara y Senado. Lo que vemos es el desconocimiento del trabajo de las madres comunitarias, de más de tres décadas que llevamos aportándole a la niñez”, sentenció.

El fallo de la Sala Plena de ese alto tribunal aceptó una serie objeciones presentadas por el gobierno nacional a los lineamientos que regulaban esa labor. Por esto, las mujeres no podrán acceder a prestaciones sociales y a seguridad social.

/La F.M.

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