Karen Abudinen era la cabeza del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones cuando esa cartera enfrentó problemas por un contrato para llevar conectividad a las escuelas en lugares apartados del país y del que se perdió un anticipo de 70.000 millones de pesos.
El escándalo creció tanto que la entonces ministra fue citada a un debate de control político y antes de que el Congreso tomara una decisión, ella decidió renunciar a su cargo en septiembre de 2021.
Por ahora continúan las investigaciones por el caso, que además involucró a Emilio Tapia, abogado condenado por el escándalo de corrupción que desfalcó a Bogotá con el ‘carrusel de la contratación’.
Habla Karen Abudinen
Justo un año después de salir de la cartera, la barranquillera habló con Semana sobre lo que sucedió con ese proceso.
La exministra aseguró que Centros Poblados se ganó el proceso de licitación, pero nadie esperaba que al hacerse cargo del contrato presentaría una garantía bancaria falsa y destacó que ella hizo las denuncias contra la empresa ante la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría; luego, dijo, liquidó el contrato y se lo entregó a la siguiente empresa, que fue ETB.
En su diálogo con la revista, Abudinen dijo que lo de la póliza es una moraleja para ella porque nadie se dio cuenta antes que era falsa:
“Si tú me preguntaras a mí uno de mis errores para la próxima vez, lo que yo haría es: tráiganme las garantías, tráiganme las pólizas que yo misma voy a llamar a cada uno de los bancos y a cada una de las entidades que expidieron esas pólizas para ver si son verdaderas o no. Sin embargo, la ley en Colombia establece que ningún documento se puede decir que es falso, si nadie lo denuncia y en este caso nadie denunció que había un documento falso, que era la garantía bancaria”.
Además, como solución para estos casos, sugirió que se debía reformar la Ley 80 porque “tiene muchos vacíos” para detectar a las empresas que cambian de nombre y siguen participando en estos procesos licitatorios, pese a que antes hayan tenido problemas similares. “Hay que hacer una restructuración de la Ley 80, donde realmente esos vacíos, donde empresas que tengan más de dos o tres incumplimientos no puedan licitar con el Estado”, puntualizó.