El expresidente Rafael Correa fue sentenciado en 2020 a ocho años de prisión por el delito de cohecho agravado dentro del caso “sobornos 2012-2016”, dentro de la trama Odebrecht.
La Corte Nacional de Justicia en Ecuador solicitó formalmente la extradición del expresidente Rafael Correa, condenado en 2020 a ocho años de cárcel por cohecho y prófugo de la Justicia en Bélgica, país que acaba de otorgarle la condición de asilado político con estatus de refugiado.
“El día de ayer, he firmado ya la providencia, iniciando el trámite de extradición como corresponde en derecho, del ciudadano expresidente de la República del Ecuador Rafael Vicente Correa Delgado”, reveló el presidente de la Corte, Iván Saquicela, al canal televisivo local Teleamazonas.
Diez jueces del alto tribunal ratificaron la decisión, que supone un paso más encaminado a que el exmandatario cumpla los ocho años de prisión y 25 de inhabilitación política (no pudo postularse para las elecciones de 2021) a los que fue condenado en una sentencia firme dictada por la Justicia ecuatoriana.
Es ahora el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador el que deberá tramitar ante el Gobierno belga la reclamación judicial, conforme al convenio de extradición ratificado con ese país en 1887, además de la legislación y tratados internacionales posteriores.
El pedido de extradición, que se ha tardado cerca de dos años en emitirse y que, según Saquicela, se demoró debido a trámites procedimentales, podría quedar en papel mojado después de que se conociera que Bélgica otorgó asilo político a Correa, quien niega las acusaciones y alega ser objeto de una persecución política.
Correa fue condenado por cohecho agravado en el caso “Sobornos 2012-2016”, una trama en la que se recibieron aportes indebidos en el palacio presidencial de Carondelet para la financiación irregular del movimiento oficialista Alianza País, a cambio de la adjudicación de millonarios contratos del Estado a empresas, entre ellas, la constructora brasileña Odebrecht.
En ese mismo caso de corrupción fue condenada una veintena de personas, entre ellas ex altos funcionarios, como el exvicepresidente Jorge Glas, quien recientemente salió en libertad gracias a un polémico habeas corpus, mientras otros cumplen prisión y algunos se fugaron, principalmente a México.