La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le confirmó a Colprensa que se encuentra en trámite el proceso para reforzar la seguridad del exgobernador y exintegrante del Fondo Ganadero de Córdoba (FGC), Benito Osorio, condenado por vínculos con el paramilitarismo.
Esta decisión se da luego de que la defensa de Benito Osorio pidiera un esquema de seguridad para su defendido, tras filtrarse sus declaraciones.
En estas declaraciones Benito Osorio reveló que José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán y esposo de la senadora María Fernanda Cabal, le pidió al exjefe paramilitar, Salvatore Mancuso, que apoyará la campaña de Mario Iguarán para que llegara a ser fiscal general, en la casa de Mancuso.
“Allá llegamos y después de los saludos protocolarios, Lafaurie le dijo: yo vengo de parte del Gobierno Nacional, vengo de parte de Sabas Pretelt, ellos consideran que el fiscal general de la Nación debe ser Mario Iguarán y no Jorge Pretelt”, dice Osorio en la declaración.
Uno de los argumentos que se usaron para convencer a Mancuso, según la declaración de Osorio, fue que si Iguarán era elegido, “sería mucho más benévolo para ustedes porque él conoce muy bien las leyes de justicia y paz”.
Además la declaración revela que Lafaurie le habría entregado al exjefe paramilitar el nombre y contacto de los miembros que elegirían al nuevo fiscal, para que Mancuso los presionara.
La declaración revela también que un mes después, dijo Osorio, se volvieron a cruzar Lafaurie y Mancuso, donde el ganadero le volvió a insistir con la ayuda para que Iguarán fuera elegido como fiscal.