Con más de 500 folios, la IPS Funtierra Rehabilitación, presentó ante la auditoría de la Universidad de Cartagena, respuestas a los requerimientos legales para para soportar las facturas que le cobra a la Gobernación de Córdoba por servicios NO POS, que datan de los años 2016, 2017 y 2018 y que superan los 9 mil millones de pesos.
El asesor jurídico de la IPS, Eduardo Padilla, dijo que anexaron 258 ordenes expedidas por la Secretaría de Salud Departamental que, para la época de los hechos, autorizó la atención de los pacientes, en este caso, niños con patologías neurológicas.
También dijo soportar las acciones de cobro con copias de las sentencias de tutelas que obligaban a cancelar esas obligaciones.
Luego de la llamada audiencia de conciliación y los descargos hechos, Padilla dijo que esperan con tranquilidad la decisión de la Universidad de Cartagena, que, como agente auditor, tiene has cinco días hábiles para contrastar y definir si reconoce y viabiliza el pago de cuentas cobradas por la IPS.
Si el fallo es adverso, dijo que apelarán hasta la instancia superior, presentado nuevas acciones judiciales, bajo el convencimiento de tener la razón jurídica para reclamar dineros por servicios que dicen haber prestado.
Sobre la sentencia que tumba el proceso de reestructuración de pasivos, o ley 550 de la Gobernación de Córdoba, sostuvo que el proceso actualmente está en firme y debe dársele estricto cumplimiento el próximo 29 de octubre cuando ha sido convocada la asamblea de acreedores.
Sin embargo, el equipo de hacienda de Córdoba, presentó una acción de nulidad de la sentencia de la Superintendencia de Sociedades, de esa manera evitar que se caiga la ley 550 y posponer la asamblea de acreedores.