Ante las constantes invasiones y el desalojo, hace ocho meses, del predio
denominado Abisinia, ubicado en inmediaciones del Instituto Técnico Agrícola de
Lorica (Ital), de propiedad de la Gobernación de Córdoba, la Secretaría del Interior
y Participación Ciudadana de Córdoba, a cargo de Jairo Baquero Puentes, hace un
llamado a la opinión pública de este municipio para que se abstenga de hacer
cualquier negociación al respecto, y a los invasores para que desalojen
voluntariamente la propiedad.


La situación que se ha vuelto recurrente, nuevamente el 23 de abril pasado, fue
objeto de personas inescrupulosas que ocuparon el terreno, perturbando la posesión
de la propiedad, y quebrando el orden y la legislación penal consagrada en el Código
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.


La Gobernación informa que estos hechos perturban e irrumpen la posesión del
terreno, convirtiéndose en una acción ilícita de las personas que se han apropiado
del mismo, así como el loteo y la distribución, y la venta ilícita a terceros, además
de generarse conductas penales por la quema de vegetación, la tala indiscriminada
y erradicación de árboles.


Dichas acciones también impiden el normal desarrollo de las actividades escolares
del Instituto Técnico Agrícola, afectando el normal desarrollo de la jornada escolar
y vulnerando el derecho constitucional a la educación de los niños, niñas y
adolescentes, así como, el derecho al trabajo de los docentes, directivos y
administrativos de dicha institución.


El secretario Baquero Puentes comunicó que, frente a todos estos hechos, las
autoridades judiciales y de Policía competente tienen conocimiento, y los procesos
correspondientes se encuentran en trámite en aras de sancionar a los responsables
de los mismos conforme a la ley.


Las medidas exhortan a los ciudadanos de bien del municipio de Lorica, de
abstenerse a perturbar la posesión del predio Abisinia de la Gobernación, pues
podrían incurrir en las multas y sanciones contempladas en la Ley 1801 del 2016 –
Código Nacional de Seguridad y Convivencia, y la Ley 599 del 2000 – Código Penal
Colombiano, así como, las demás normas concordantes vigentes.

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