Para la Procuraduría General es deber del Gobierno nacional adelantar con celeridad y diligencia las acciones necesarias para garantizar que los exparamilitares Salvatore Mancuso y Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, respondan ante la justicia y las víctimas.
Según cifras del Juzgado Único de Ejecución de Sentencias, a la fecha solo hay 59 fallos ejecutoriados contra exintegrantes de grupos paramilitares y aproximadamente otros 10 se encuentran en apelación, mientras que el juzgamiento de quienes fueron comandantes de esa estructura ilegal no llega al 10% de los casos atribuibles.
Para el Ministerio Público la comparecencia de Mancuso y Tovar es necesaria como parte del proceso de reparación del Estado a las víctimas individuales y colectivas del paramilitarismo.
En el caso de Tovar, quien en 2015 fue excluido de Justicia y Paz, la Procuraduría precisó que deberá responder ante la justicia ordinaria por graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario, teniendo en cuenta su renuencia a colaborar en el esclarecimiento de la verdad.
A juicio del órgano de control, el aporte de Mancuso y de alias ‘Jorge 40’ contribuirá a resolver las preguntas que desde hace décadas se formulan las víctimas de esa organización ilegal al margen de la ley.
Cabe mencionar que el proceso de extradición de Mancuso se ha visto estropeado en más de dos ocasiones debido a que el Gobierno no ha presentado de manera correcta la solicitud a Estados Unidos, lugar donde se encuentra actualmente tras cumplir una pena de 12 años, por narcotráfico.
El caso de Mancuso ha sido controversial en los estrados judiciales porque ha señalado a exfuncionarios del gobierno de Álvaro Uribe, incluido el actual embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos, de tener vínculos con los paramilitares.
La situación jurídica de Mancuso aún está por definirse dado que, en principio, se habló de deportación a Italia, donde también tiene nacionalidad, sin embargo, por cuestiones políticas, el gobierno estadounidense determinó acudir a la extradición hacia Colombia.
Su equipo de abogados adelantan acciones que evite su llegada a territorio nacional, dado que, a su juicio, Mancuso no cuenta con garantías jurídicas ni físicas.