La pena capital no se impone inmediatamente. Hay un retraso porque un condenado puede apelar a dos tribunales más y puede solicitar después un indulto del rey.
Tailandia es uno de los 90 países en el mundo que mantiene la pena de muerte vigente, aunque la aplica solo esporádicamente.
Desde 1935, el país en el que está preso el español Daniel Sancho, para el que la Policía ha anunciado este martes que pedirá la máxima pena por el asesinato premeditado del médico cirujano colombiano Edwin Arrieta.
De acuerdo con las estadísticas, Tailandia ha ejecutado a 326 personas, 319 por fusilamiento, el último el 11 de diciembre de 2002, y desde entonces siete más todos por inyección letal, el último el 18 de junio de 2018.
Desde la última ejecución, y según wikipedia, hay 510 personas en el corredor de la muerte tailandés. De ellas, 59 son mujeres y 58 por delitos relacionados con las drogas.
La ley tailandesa permite la imposición de una sentencia de muerte por 35 delitos, incluidos traición, asesinato y tráfico de drogas.
La pena capital no se impone inmediatamente. Hay un retraso porque un condenado puede apelar a dos tribunales más y puede solicitar después un indulto del rey. La pena de muerte se lleva a cabo en la prisión de Bang Kwang en Bangkok (también conocida como ‘Bangkok Hilton’).
En Tailandia se reanudaron las ejecuciones en 1995, tras ocho años de suspensión. Desde entonces han sido ejecutadas al menos 50 personas por fusilamiento. En estos casos, el preso permanece de pie con las manos atadas a un poste, y le disparan desde detrás de una cortina. A los condenados a muerte se les informa de su ejecución con tres horas de antelación, sin que tengan tiempo en muchos casos de ver a sus familiares por última vez.
Inyección letal
Amnistía Internacional, organización que fiscaliza a los países que tienen todavía en vigor la máxima pena, explica que en una inyección letal es un método de ejecución que consiste en inyectar por vía intravenosa y de manera continua una cantidad letal de diversos fármacos combinados, que producen, sucesivamente, inconsciencia, parálisis respiratoria y paro cardíaco. En concreto se inyecta bromuro de pancuronio y cloruro de potasio.
Amnistía Internacional considera que toda forma de participación médica en la administración de la inyección letal constituye una violación de la ética profesional. La organización pide al personal médico que no participe en las ejecuciones e insta a las asociaciones de profesionales de la salud a que protejan al personal que se niegue a hacerlo.
El último ajusticiado
El último ajusticiado en Tailandia fue un asesino que apuñaló hasta 24 veces con saña a su víctima. Ese año, 2018, el diario ‘Bangkok Post’ realizó una encuesta entre sus lectores sobre si la pena de muerte debería seguir aplicándose. Una mayoría, 92,49 %, estuvo de acuerdo en mantenerla y 7,51 % en contra.
El primer ministro entonces Prayut Chan-o-cha, defendió que la pena de muerte era necesaria para mantener la paz y el orden.