La Procuraduría estudia la posibilidad de denunciar penal y disciplinariamente a la coordinadora del Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao de Bogotá, Lilyan Jhohana Bastidas Huertas, quien fue la encargada de expedir la orden de libertad de los integrantes de la primera línea, Santiago Márquez y Adriana Bermeo.
Según el procurador delegado para Asuntos Penales, Jairo Ignacio Acosta Aristizábal, la entidad estudia las posibles irregularidades que se pudieron haber cometido en el proceso, como la validez y la responsabilidad. Además, la Procuraduría dice que, “esta funcionaria no tenía competencia para emitir estas órdenes, por razones de publicidad y control, y por razones de legalidad e interpretación en términos legales y constitucionales”.
Por otro lado, Acosta recalcó que “en estas decisiones encontramos varias irregularidades por temas de competencia porque esta funcionaria no podría haberlo hecho; por razones de publicidad y control porque no pudimos acceder a este trámite, y por razones de legalidad e interpretación pues debió hacerlo un juez de Garantías”.
Cabe resaltar que, el procurador delegado recordó que este proceso de liberación se dio a causa de la Ley 2272 de 2022 y el Decreto 2422 que creó la Comisión Intersectorial donde la Procuraduría no tiene asiento.