Juan Pablo Bieri denunció ante la Fiscalía a Diana Díaz en marzo de 2019 por el delito de utilización de asuntos sometidos a secreto o reserva.
Casi dos años después de la renuncia de Juan Pablo Bieri, el 24 de enero de 2019, como director de la Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC), la Fiscalía informó que imputará a Diana Marcela Díaz Soto, quien trabajaba allí y filtró el audio en el que Bieri ordenaba sacar del aire el programa ‘Los puros criollos’.
Bieri denunció ante la Fiscalía a Díaz en marzo de 2019 por el delito de utilización de asuntos sometidos a secreto o reserva. “Preocupa que el derecho a la privacidad se vulnere con chuzadas o grabaciones ilegales”, había dicho Bieri sobre esta situación.
La Fiscalía, en un comunicado, explicó que “de acuerdo con los elementos materiales probatorios y la información legalmente obtenida por la Fiscalía, la señora Diana Marcela Díaz Soto fue funcionaria pública, ligada a RTVC Sistema de Medios Públicos y, al parecer, habría incurrido en un tipo penal y supuestamente usó en provecho propio información allegada a su conocimiento por razones de su función y que debía permanecer en reserva”.
Sin embargo, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), que dio a conocer el audio, rechazó la imputación en contra de Díaz y aseguró que la investigación se valió “de mecanismos ilegítimos, innecesarios, injustificados y desproporcionados”.
Entre las críticas de la FLIP a la Fiscalía está, según plasmó el director de la fundación, Jonathan Bock en una carta, que esta entidad “el 8 de octubre requirió a la FLIP informar una fecha para la realización de una inspección judicial en sus instalaciones (…) con el fin de establecer el ingreso de Diana Marcela Díaz Soto. En caso positivo establecer a qué dependencias compareció, en cuántas oportunidades y obtener toda la documentación de dichos registros de ingreso y salida”.
Además, también señaló que el 15 de octubre la Fiscalía citó a entrevista a tres integrantes de la FLIP. Bock señaló que “está constitucionalmente prohibido y es injustificado citar a un periodista a rendir testimonio o entrevista en relación con información suministrada por fuentes”.
“La eventual realización de la inspección de la sede de la fundación afectaría el derecho a la intimidad, a la reserva de la fuente y a la defensa de derechos por parte de la FLIP, esto es el cumplimiento de su mandato. Esto constituiría una intromisión excesiva de tal magnitud que un juez de Control de Garantías no avalaría dicha diligencia”, añadió la carta.
La Fiscalía, no obstante, en un comunicado negó la realización de esta visita. “La Fiscalía pidió la inspección a la FLIP para obtener información al respecto. Sin embargo, no se hizo, porque no hubo necesidad, ya que en las respuestas de la entidad a la fiscal que adelanta el caso se dijo que no tenían registros ni videos. Por tanto, la supuesta diligencia a las instalaciones de la FLIP, de la que hablan en redes sociales, es falsa”.
Bock también solicitó en su carta una reunión con el fiscal general, Francisco Barbosa, para “conocer de primera mano qué medidas y directrices va a impartir desde la dirección general para que las acciones en el marco de este proceso cumplan con la obligación de no penalizar a los denunciantes de buena fe sobre asuntos de interés público”.
Aún no se sabe si Barbosa accederá a dicha reunión. Pero de lo que sí hay fecha es para la imputación de Díaz que será el próximo 18 de noviembre.