Un juez español admitió una denuncia en contra del líder del Pacto Histórico por el secuestro de Fernando González Pacheco.
El camino ancho del éxito que Gustavo Petro le vaticinó a su campaña presidencial parece volverse angosto luego de que le saliera, como se dice el argot popular, “otra pata al gato”, todo por cuenta de un proceso que se le abrió por el secuestro del presentador y periodista Fernando González Pacheco hace 41 años.
En las 21 páginas de la resolución, el juez español pone el foco en el secuestro de Pacheco —una institución de la televisión colombiana—, ejecutado en junio de 1981 por el M-19 con la intención de que le transmitiera un mensaje al entonces presidente Julio César Turbay Ayala.
La resurrección de ese caso ordenado por el fundador del M-19, Jaime Bateman, 41 años después del hecho y ocho años después de la muerte del presentador, le suma presión a la carrera presidencial de Petro que ya debe lidiar con el paso de Rodolfo Hernández a segunda vuelta y la consecución de votos si es que quiere llegar a la Casa de Nariño.
Si bien la Audiencia Nacional Española (ANE) admitió la demanda contra el candidato presidencial, el juez Joaquín Gadea dejó en claro que este es un paso preliminar en el que se buscará, en primer lugar, “acordarse una inicial diligencia de investigación, en orden a ofrecer a los herederos de la víctima del secuestro, Fernando González Pacheco, la posibilidad de ejercer acciones penales”, todo esto bajo la figura de querellantes.
Esto implicaría una investigación en dos direcciones: la primera, indagar si al momento del secuestro Pacheco ostentaba la ciudadanía colombiana; y la segunda, indagar si el denunciado no goza “de estatuto de amnistiado ni indultado, y especialmente, que no haya sido investigado, absuelto o condenado por los hechos objeto de este procedimiento”, señaló el juez.
La demanda, ejecutada por François Roger Cavard el pasado 18 de marzo, llegó a esta instancia porque en primer lugar fue rechazada por la Fiscalía española; pero como aclaró el juez, se debe establecer si la ANE “tiene competencia de la jurisdicción española” y específicamente el Juzgado para establecer si procesalmente es posible abrirle una investigación formal y trasladarle la notificación al demandando en este caso, a Gustavo Petro.
En esa vía, el juzgado aclaró que “la extensión y aparente falta de puntos de conexión con la jurisdicción española” llevaría a concluir que el caso sería “difícilmente asumible por este Juzgado Central de Instrucción”.
Detalles de la denuncia
Los argumentos para incluir a Petro en la denuncia –y que también podría cobijar a Antonio Navarro– se remontan a 1945 y la jurisprudencia que resultó de los juicios de Núremberg, cuando jueces gringos juzgaron a los miembros del partido nazi. No hace falta apretar el gatillo o tomar parte activa en las acciones criminales, solo el hecho de pertenecer al grupo que los cometió haría responsable al individuo. “En la Jurisdicción Internacional Penal —desde el año de 1945— quedó claramente establecido que no importa la participación ni el grado de desarrollo que en el crimen cometa el miembro de una pandilla terrorista: es responsable por lo que hagan todos y cualquiera de ellos”, dice Cavard.
Además, por la naturaleza de los actos delictivos, estos no podrían ser cobijados por el indulto y la amnistía. La historia tiene otra vuelta de tuerca: al parecer Gustavo Petro no recibió indulto por no cumplir con los requerimientos del gobierno nacional. “Petro no se amnistió ni fue indultado: tengo el certificado del Ministerio de Justicia en el que se dice que él es desmovilizado pero no solicitó los beneficios de amnistía e indulto”, continúa Cavard.
“A mis 56 años me niego a renunciar a la verdad y a la justicia. Espero que esto sea una pedagogía para aquellos que creen que pueden emular a un criminal de este tipo”, dice Cavard. “Soy víctima, todos los que padecimos maltrato mental, emocional somos víctimas. Se menoscabaron nuestros derechos fundamentales”, concluye.
La denuncia fue presentada en los Estados Unidos a finales de febrero y en España a principios de marzo e incluye el secuestro y asesinato del sindicalista José Raquel Mercado, el secuestro de Camila Michelsen, el intento de toma del Palacio de Justicia, la toma del diario El Caleño y de la embajada de República Dominicana. “Este tipo de crímenes no son amnistiables y además son imprescriptibles. El señor Gustavo Petro se va a ir preso”, enfatiza Cavard.
En diálogo con Caracol Radio, el mismo Gustavo Petro negó la situación. Dijo que nunca conoció a Pacheco, que lo vio por televisión desde niño, como muchos colombianos y que la denuncia «no tiene ni pies ni cabeza».
El camino que le queda
En tres semanas, Petro debe superar su techo electoral —ocho millones de votos— para llegar a la Casa de Nariño. Este tipo de noticias, sin embargo, meten ruido en la campaña y le dan artillería a sus adversarios para alertar a los votantes del pasado de Petro. Su militancia en el M-19 ha sido uno de los proyectiles retóricos que a lo largo de su carrera más le han lanzado los voceros de la derecha. El más reciente fue el exministro Juan Carlos Echeverry al trinar “No duda: ingeniero mejor que guerrillero”.
Con los resultados de la primera vuelta de este 29 de mayo, el país deberá escoger entre un político profesional –Gustavo Petro– y un outsider que habla sin filtros, emplea el lenguaje de la mayoría de los colombianos y no teme en presumir de su éxito empresarial –Rodolfo Hernández–.
Mientras Petro da largos discursos en los que habla de lo divino y lo humano, Rodolfo restringe sus intervenciones a unos pocos minutos en los que clama contra “la robadera”, y lo hace desde sus espacios, acudiendo a la tecnología y las redes sociales.
Petro ha sabido moverse entre los jóvenes insatisfechos y, al tiempo, recibir con los brazos abiertos a políticos cuestionados y otros con pasado en el uribismo y el santismo. Mientras en los micrófonos habla contra las maquinarias, no tiene reparo en acudir al expresidente César Gaviria para abogar por los votos del liberalismo y en presumir del respaldo del expresidente Ernesto Samper, el salpicado por el escándalo del Proceso Ocho mil.