A solicitud del gobernador de Córdoba, Orlando Benítez, la Asamblea derogó el articulado que obligaba el pago de la tasa de seguridad y convivencia ciudadana que se debía cancelar mensualmente a través de la factura del servicio de energía.

Esa tasa hacía parte del estatuto de rentas aprobado mediante la ordenanza 034 en diciembre del año 2020.

El mandatario y los diputados coincidieron en que las condiciones actuales no están para generarle más exigencias tributarias o contribuciones a la ciudadanía.

En principio se habían excluido los estratos 1, 2 y 3, pero por decisión del gobernador, se eliminó por completo, destacó el diputado, Carlos Gómez Espitia.

Con ese tributo, un usuario que consumía 300 ml pesos en energía pagaba en promedio 50 mil pesos mensualmente y la zona comercial tenía un reajuste más elevado.

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